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El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado el nuevo fondo “España Crece”, un gran instrumento de movilización de capital capaz de prolongar el impulso de los fondos europeos más allá de 2026. Con una capacidad estimada de hasta 120.000 millones de euros en inversión público-privada y gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el nuevo fondo nace con vocación transformadora. Sin embargo, la pregunta clave es si estamos realmente ante un fondo soberano al uso o ante una ampliación estructural del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y su papel como banca pública española.

¿Es un fondo soberano en sentido estricto?

Los fondos soberanos clásicos como el que tiene Noruega o los grandes vehículos asiáticos se caracterizan por gestionar activos públicos acumulados (normalmente procedentes de superávits fiscales o recursos naturales) con una estrategia de inversión a largo plazo, buscando rentabilidad y estabilidad macroeconómica.

En el caso de “España Crece”, el esquema es distinto. El capital inicial (13.300 millones de euros) procede en su mayoría de préstamos y transferencias vinculados al Plan de Recuperación europeo. Es decir, no se trata de excedentes presupuestarios acumulados, sino de recursos canalizados a través del ICO con el objetivo de multiplicar su efecto mediante coinversión privada. El nuevo instrumento se asemeja a un banco nacional de promoción reforzado con capacidad para asumir más riesgo y movilizar capital. Esta percepción es compartida incluso por expertos que rechazan calificarlo como “fondo soberano” tradicional por no cumplir con los criterios habituales de estos vehículos.

Vivienda: ¿solución estructural o impulso limitado?

Uno de los pilares anunciados es la financiación de vivienda en alquiler asequible. El Ejecutivo prevé movilizar hasta 23.000 millones de euros en este segmento y contribuir a la construcción de unas 15.000 viviendas al año.

La cifra, relevante en términos absolutos, levanta algunas dudas y debe contextualizarse frente al déficit estructural de vivienda en las grandes áreas metropolitanas. El problema del acceso a la vivienda en España responde a numerosos factores como la escasez de suelo finalista, la lentitud administrativa, el aumento de costes de construcción y la presión demográfica en zonas urbanas. El fondo puede aliviar parcialmente la restricción financiera de promotores y gestores, especialmente en proyectos con rentabilidades ajustadas, pero no resuelve por sí solo los cuellos de botella regulatorios ni la falta de oferta estructural.

Además, su diseño -con préstamos a largo plazo, posibles tramos no reembolsables y participación en capital- indica que el impacto será progresivo y probablemente visible más allá de 2026.

¿Medida a corto, medio o largo plazo?

El fondo tiene un calendario de puesta en marcha previsto para el segundo trimestre del año, lo que sugiere que operativamente podría comenzar a aprobar proyectos en 2026. No obstante, la materialización de inversiones, la estructuración de vehículos de coinversión y la captación de capital privado requieren tiempo. En consecuencia:

- Corto plazo (2026-2027): impacto limitado, centrado en estructuración de operaciones y primeros cierres financieros.

- Medio plazo (2028-2030): mayor visibilidad en vivienda y sectores estratégicos si los proyectos maduran.

- Largo plazo: consolidación del ICO como actor estructural en la financiación transformadora.

Críticas de la oposición: incertidumbre y falta de transparencia

El Partido Popular ha reaccionado con fuertes críticas tras la presentación del fondo. Los populares han solicitado la comparecencia urgente del presidente del ICO en el Congreso para que explique en detalle cómo se va a gestionar “España Crece” y qué riesgos financieros podría asumir el Estado con este instrumento.

El PP ha registrado hasta 37 preguntas al Gobierno para que aclare la metodología empleada para estimar el efecto multiplicador (la ecuación que permitiría pasar de 10.500 millones iniciales a 120.000 millones) y ha denunciado que el Ejecutivo aún no ha concretado criterios, condiciones ni plazos claros para la constitución y movilización de los recursos asociados. Esto, según esta formación, genera incertidumbre entre empresas que podrían beneficiarse de la nueva línea y debilita la confianza en el proyecto.

Además, la oposición cuestiona por qué se destina a vivienda social una cantidad menor que la renunciada recientemente en otras partidas del Plan de Recuperación y sugiere que el fondo podría estar sustituyendo recursos y objetivos del plan original, en lugar de ejecutar plenamente los compromisos asumidos ante la Comisión Europea.

El PP también ha elevado la crítica al terreno político más amplio, acusando al Gobierno de no gestionar eficazmente los fondos europeos previos (como los Next Generation) y advirtiendo de posibles riesgos financieros y de falta de mecanismos suficientes de transparencia, publicidad de beneficiarios y control independiente.