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Las calles de Lavapiés no descansan. Menos de 24 horas después de que una marea humana convocada por más de 50 colectivos recorriera el barrio denunciando la "muerte" de su identidad vecinal, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha comparecido para fijar su propia hoja de ruta: más control policial y un dardo directo al Gobierno de España a cuenta del edificio de La Tabacalera.

La manifestación de ayer, que arrancó en el Parque Casino de la Reina, no fue solo una protesta contra la inseguridad ciudadana, sino contra la inseguridad "vital". Bajo el lema "Lavapiés al Límite", los residentes señalaron a los que consideran sus verdaderos enemigos: los pisos turísticos descontrolados y la especulación inmobiliaria.

"No es solo que nos roben en la calle, es que nos roban el barrio. Finalizan contratos para subir el alquiler un 100% y nos echan", explicaba uno de los portavoces. Los manifestantes exigieron frenar la gentrificación, mejorar la limpieza y, sobre todo, que la seguridad no se entienda solo como "poner más cámaras", sino como tener centros de salud dotados y servicios sociales que atiendan la exclusión en la zona.

No obstante, parece que lejos de recoger el guante, el alcalde de la capital ha saltado hacia otros lares, centrando su respuesta en el orden público. Almeida ha defendido la eficacia de las cámaras de videovigilancia, cuyo uso se ha triplicado en el último año, y ha instado a la Delegación del Gobierno a "dar un paso al frente" para combatir el tráfico de drogas y las armas blancas.

Sin embargo, el punto más caliente de sus declaraciones ha sido La Tabacalera. El alcalde ha exigido al Ministerio de Cultura que ceda parte de los 21.000 m² del histórico edificio para "equipamientos de proximidad" o incluso vivienda asequible.

Así es, Almeida ha lanzado varias propuestas a Ernest Urtasun asegurando que el futuro de este edificio es uno de los principales frentes que hay que cerrar. Ahora bien, "quien quiera dar un paso adelante por Lavapiés tiene que resolver la cuestión de Tabacalera", ha afirmado el regidor, calificando el proyecto estatal de residencias artísticas como un espacio "cerrado al barrio".