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España se enfrenta a un rápido proceso de envejecimiento demográfico que condiciona cada vez más su crecimiento económico y la sostenibilidad del Estado del bienestar. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida han reducido la proporción de población en edad de trabajar, transformando lo que durante décadas fue un impulso al crecimiento, el llamado dividendo demográfico, en un lastre estructural. En este contexto, la inmigración se presenta como uno de los principales factores capaces de amortiguar este deterioro, según el informe de Fedea elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Clara I. González y Miguel Díaz-Salazar.

El estudio analiza el período 2000–2019 y muestra que los flujos migratorios mitigaron casi un 60 % del impacto negativo del envejecimiento sobre la población activa. En cifras concretas, la inmigración añadió 4,6 puntos porcentuales a la proporción de personas en edad de trabajar, ayudando a sostener la economía y mantener un mayor porcentaje de la población activa. Entre 2020 y 2024, la inmigración también tuvo un efecto positivo sobre la tasa de empleo, aumentando 0,22 puntos porcentuales anuales.

Mirando al futuro, las proyecciones del INE muestran que, aunque el envejecimiento seguirá restando impulso económico, la inmigración prevista seguirá amortiguando este efecto: su contribución podría sumar 0,23 puntos porcentuales anuales entre 2024 y 2030, y hasta 0,49 puntos en 2041–2050. Sin nuevas entradas migratorias, la caída de la población activa sería mucho más intensa y el potencial de crecimiento económico se vería significativamente reducido.

El informe subraya que estas estimaciones se centran en el efecto demográfico y no incluyen posibles mejoras de productividad derivadas de la inmigración, como la complementariedad de habilidades o la reasignación sectorial. Los autores concluyen que la inmigración seguirá siendo un factor clave para mitigar los efectos del envejecimiento, siempre que se combine con políticas efectivas de integración laboral, educación e innovación.

En resumen, España depende de la inmigración no solo para mantener su fuerza laboral, sino también para preservar un crecimiento económico estable en las próximas décadas.