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Con esta afirmación, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, definió lo que el Gobierno cree que está sucediendo en esta Legislatura que comenzó en el 2023 y que la derecha y la extrema derecha están empeñadas en hacer que acabe lo antes posible para que España recupere la "normalidad democrática" que, según su criterio, solo sucede cuando el PP alcanza el poder. Todo lo demás es y siempre ha sido para ellos una anomalía. Así es su forma de defender la Democracia, o eso dicen.

Las declaraciones de la ministra fueron lo más prudentes posibles para no expresar lo que no pueden desde el ámbito institucional de La Moncloa pero que sí deberían expresar con toda contundencia desde el PSOE y su sede de Ferraz. El Gobierno de España y el propio presidente Pedro Sánchez llevan meses y años sufriendo lo que se conoce como lawfare, es decir, el uso indiscriminado de procedimientos judiciales para perseguir, desacreditar y dañar a un oponente político. Es eso de lo que hace mucho Pablo Iglesias advirtió y que su entonces socio socialista no quiso hacer mucho caso. Ahora que lo sufren en sus propias filas quizás sea tarde para reaccionar.

Esas "cosas difíciles de entender" de la ministra fue la reacción oficial al auto del juez Ángel Luis Hurtado surgido tras ocho meses de intensas investigaciones y en el que transforma esas diligencias previas en un procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante más de cincuenta páginas, el magistrado del Supremo intenta demostrar lo que ya estaba en su cabeza antes incluso de comenzar las investigaciones: que Presidencia del Gobierno ordenó al fiscal hacer público un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que su defendido había cometido dos delitos fiscales que estaba dispuesto a reconocer y devolver lo defraudado para no enfrentarse a una dura pena.

Esa teoría en la que el juez Hurtado ha trabajado duramente ha requerido informes de la UCO que no son concluyentes, registros desmesurados al propio fiscal general del Estado y "saltos al vacío" como dar por hecho que el Ejecutivo central quería de alguna manera dañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo olvidando que lo sucedido en la fiscalía proviene de una filtración de hechos inventados por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que ha reconocido que fabricó un bulo por el que aseguraba que el Gobierno había paralizado una oferta de negociación de la fiscalía hacia el propio González Amador, es decir, lo contrario de lo que estaba sucediendo.

Estaban todos los ingredientes necesarios para hacer crecer un escándalo que podía dañar y dañaba al Gobierno, al presidente del Gobierno, al fiscal general del Estado y al PSOE. Y ponía de víctima a la pareja de Ayuso que, no olvidemos, es el que está siendo investigado por defraudar supuestamente a Hacienda miles de euros procedentes, además, del cobro de una indecente comisión por la venta de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

Cosas aún más difíciles de entender

Todo lo que opino en estas líneas de arriba sigue teniendo validez a pesar de las noticias con las que cerramos la semana: El contundente informe de la UCO (este sí que no genera ninguna duda) en el que relacionan de manera cristalina el cobro de comisiones ilegales a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, junto con su "fontanero" personal Koldo García.

La frase de la ministra portavoz también vale para definir el sentimiento generalizado entre la militancia y los votantes y simpatizantes del PSOE. Es todo muy difícil de entender. Entre tanta denuncia, entre tanto informe de la UCO, entre tantos rumores, entre tanto ruido, había un caso, el de Koldo, el de Ábalos y el de Cerdán, que supone un auténtico misil en la línea de flotación del proyecto que lidera Pedro Sánchez desde hace siete años.

Las informaciones son demoledoras y la dimisión de Santos Cerdán así como su abandono del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados son acciones claramente insuficientes. El presidente del Gobierno ha salido a pedir perdón, al más fiel estilo del Rey Emérito, pero los votantes socialistas y los militantes merecen más explicaciones., más contundencia y más hechos que permitan recuperar pronto la confianza si es que la pueden llegar a recuperar.

Es algo muy difícil de entender que el lucro personal de cuatro políticos que se hacían llamar progresistas haya valido más que los derechos de muchos españoles, fortalecidos en los últimos siete años gracias a medidas como el Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral, el escudo social tras la guerra de Ucrania, la ley de Vivienda (permanentemente boicoteada), la revalorización automática de las pensiones conforme el IPC, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, los fondos europeos... y un largo etcétera. Millones de españoles valoramos más esa acción de gobierno que las acusaciones a hermanos, mujeres, amigos y conocidos que en muchas ocasiones hemos visto cómo no se sustanciaban en ninguna prueba irrefutable.

Pero ahora y en este caso las pruebas sí que son irrefutables. Y todo ocurre tan solo seis meses después de celebrarse un Congreso Federal que debió servir para prepara al partido para el próximo ciclo electoral. Y ahora, tras el caso Cerdán, la formación está completamente desnuda ante la sociedad. Pedro Sánchez pidió perdón, puso en valor que se ha actuado con prontitud, pero hay que recordarle que cesó a Ábalos por lo que se escuchaba de Koldo, por lo que la misma medicina se tiene que aplicar el mismo por colocar como número 3 del partido a Santos Cerdán.

Ya hay voces autorizadas en el partido que están pidiendo un congreso extraordinario donde se renueve el equipo profundamente para salvaguardar el proyecto que, en definitiva, es lo único que debe importar en el PSOE. Las personas pasan, pero el proyecto debe continuar y quizás el tiempo de Pedro Sánchez haya pasado ya. Si no se hace así, poco importará las bondades que nos quieran contar de la gestión gubernamental. A cada anuncio de la ministra portavoz se le pondrá la coletilla de "ya, pero Ábalos y Cerdán robaron". Y eso, Pilar Alegría, es una cosa muy fácil de entender.