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La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha presentado a representantes de distintas organizaciones de personas migrantes el informe 'La oportunidad para Madrid del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes 2026', un documento que analiza la realidad actual de la población migrante en la ciudad y aporta datos que justifican la necesidad y oportunidad del nuevo proceso de regularización previsto por el Gobierno de España para principios del mes de abril, tanto como instrumento de garantía de derechos fundamentales y de inclusión social, como por los beneficios sociales y económicos que genera para la ciudad de Madrid.

En el acto, celebrado con entidades y colectivos que trabajan de manera directa con la población migrante en Madrid, ha participado también la concejala socialista Ana Lima, responsable del área de Servicios Sociales del Grupo Municipal Socialista.

Entre las organizaciones asistentes se encontraban representantes de Fundación ACOBE, AESCO, Asociación Vida, Paz y Justicia, La Rueca, NetWorkWoman, Asociación Rumiñahui, Wanda Cedeño, Alto Consejo de los Malienses en España-ACME, Asociación Acción Democrática-ADE, Asociación ASOMCEGUI, Colombia Humana, Asociación Cultural Q'ori Llaqta, Valiente Bangla, Hermandad San Martín De Porres, Asociación de Chinos en España-ACHE, AMERES y Entidades de Honduras y Venezuela, entre otras.

Durante la presentación, Reyes Maroto ha destacado que “la población migrante es un pilar fundamental del presente y del futuro de Madrid”, recordando que ya representa el 20% de los habitantes de la ciudad y que su aportación "es esencial" para el dinamismo económico y social de la capital.

El informe presentado pone de relieve que más de 312.000 personas migrantes están actualmente afiliadas a la Seguridad Social en Madrid y que su trabajo resulta "imprescindible" en sectores estratégicos como los cuidados, la hostelería, el comercio o la construcción. Sin embargo, también evidencia que miles de personas continúan en situación administrativa irregular, lo que favorece la precariedad laboral y la economía sumergida.

En este contexto, Maroto ha defendido que el proceso de regularización extraordinaria previsto por el Gobierno “es una medida necesaria para reconocer derechos, ordenar el mercado laboral y fortalecer la cohesión social en nuestra ciudad que estimamos podría afectar a unas 120.000 personas”.

Asimismo, ha recordado que la experiencia de la regularización de 2005 demostró que Madrid fue la comunidad autónoma que más se benefició, aflorando más de 130.000 trabajadores de economía sumergida, demostrando que este tipo de procesos "son una herramienta eficaz, con impacto económico positivo y contribuye a reducir desigualdades, prevenir situaciones de exclusión y garantizar condiciones de vida dignas".

Maroto ha señalado que “vivir en una situación de irregularidad administrativa significa vivir con miedo, invisibles, al margen de las instituciones, estar expuestos a todo tipo de explotación, desprotección legal o la exclusión de facto de derechos y servicios públicos esenciales. Esta regularización es, por tanto, una de las políticas más efectivas de lucha contra las desigualdades”.

El Real Decreto que regulará el proceso establece requisitos precisos para garantizar la seguridad jurídica. El principal será acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025. En el caso de las personas solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes de esa fecha y pueda acreditarse. Otro de los requisitos indispensables será carecer de antecedentes penales.

Ante estas exigencias administrativas, Maroto ha insistido en la importancia de que el Ayuntamiento de Madrid refuerce de manera urgente sus servicios municipales para acompañar adecuadamente este proceso. “Estamos ante un procedimiento complejo que va a requerir información, asesoramiento y apoyo cercano a miles de personas. El Ayuntamiento de Madrid no puede quedarse al margen”, ha señalado.

En este sentido, la portavoz socialista ha avanzado que propondrá en el próximo Pleno municipal la creación de hasta tres nuevas Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento para la Población Migrante, para que se sumen a las dos ya existentes (Tetuán y Carabanchel), y el refuerzo de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, especialmente en aquellos territorios con mayor presencia de población migrante, para facilitar la información, la tramitación y el acompañamiento a las personas que quieran acogerse a la regularización.

Por su parte, Ana Lima ha destacado que “garantizar el acceso a este proceso en condiciones de igualdad es una cuestión de justicia social y de derechos humanos”, y ha reclamado que los servicios sociales municipales cuenten con los recursos humanos y técnicos necesarios para atender la elevada demanda que previsiblemente se producirá.

Tanto Reyes Maroto como Ana Lima han coincidido en señalar la importancia de trabajar de forma coordinada con el resto de las administraciones públicas y organizaciones sociales y de personas migrantes para que la regularización de 2026 se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida de miles de vecinos y vecinas de Madrid.

El PSOE madrileño ha reiterado su compromiso de impulsar políticas públicas que reconozcan la contribución de la población migrante y que hagan de Madrid una ciudad más inclusiva, cohesionada y con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.

"Una auténtica chapuza"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, califica el proceso de regularización de personas migrantes como "una auténtica chapuza" que "nos alcanza a todos". "No obedece a una convicción real del Gobierno de España acerca de la necesidad de integrar a estas personas, sino a una necesidad política pactada con Podemos", apunta.

A Almeida le "parece difícil" que el Ejecutivo "pueda justificar que lo consultaban todo con Podemos y no con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos" que, según el alcalde, son "los que van a tener que dar servicios publicos a todas estas personas".

Insiste en que el Ayuntamiento de la capital "cumplirá con la legalidad vigente", pero invita al PSOE a exigir al Gobierno de España "los trámites necesarios" para atajar los problemas administrativos.

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