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Mónica García ha expuesto esta mañana los puntos clave de la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, un texto que busca poner coto a los conciertos entre la sanidad pública y la privada, además de "cargarse" los "negocietes" de la Comunidad de Madrid con la empresa Quirón. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad en rueda de prensa, asegurando que ya no se podrá "recurrir a la gestión privada por capricho, ideología o porque es un modelo heredado".

La líder de Sanidad en el Gobierno central ha manifestado su preocupación ante los diferentes titulares que apuntan a posibles irregularidades dentro de la colaboración público-privada, muy patente en varias regiones como Cataluña, donde el 70% de los hospitales son de titularidad privada, y asegura que esta ley pretende acabar con la posibilidad de que se den este tipo de informaciones. "Esta ley pone fin a esta deriva, cierra la etapa de la ley del 97, una ley de Aznar, que permitió que el lucro entrara en la gestión pública", sostiene la ministra.

La norma supone, de facto, la derogación de la Ley 15/1997 por la que se permitió a empresas privadas gestionar hospitales y centros públicos bajo diferentes fórmulas. Así, se elimina la base legal que facilitó la entrada de dichas entidades a la sanidad pública, convirtiendo la gestión directa de la administración pública en la norma y no en una opción más.

"Nunca más modelos donde sale a cuenta engrosar listas de espera o derivar lo complejo fuera del sistema", ha incidido García, adelantando que la gestión indirecta quedará limitada a casos excepcionales donde la gestión pública tenga que demostrar que no tiene la capacidad para hacer determinadas actuaciones.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Anteproyecto de Ley. Esto significa que el Gobierno ya tiene un texto cerrado y consensuado entre los ministerios (especialmente entre Sanidad y Hacienda), pero todavía no es una ley vigente. Ahora, se pedirá la opinión de otros organismos como el Consejo de Estado, se trasladará a las Comunidades Autónomas y a los colectivos a los que afecte el texto para una fase de alegaciones.