Los jueces y juezas de España se han levantado contra la reforma del Poder Judicial que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo de 2025 y se plantean acudir al Parlamento Europeo para denunciar como la misma puede "vulnerar la independencia judicial, la actuación del Ministerio Fiscal y afectar a la separación de poderes".
En concreto, han sido cinco asociaciones, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales las que han elevado las quejas a través de un comunicado. Los letrados aseguran que, tras analizar el descontento generalizado que ha provocado el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, han pedido la retirada de ambos decretos.
Los expertos consideran que los dos textos no solo afectarían a la independencia judicial, sino que incrementarían el riesgo de politizarlo y de debilitar "los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho". Así mismo, tras analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, "concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora".
Así, las agrupaciones han dejado claro a través de un comunicado que elevarán al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa los informes que han elaborado. Además, solicitarán reuniones con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados con el Consejo General de la Abogacía Española, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones, para exponerles el peligro de que se apliquen ambos decretos.
En este sentido, en caso de que se siga adelante con las reformas expuestas y, en concreto, con el proceso de estabilización de jueces y fiscales, "nos comprometemos a impugnar judicialmente dicho proceso, asumiendo los costes de forma conjunta". Eso sí, han dejado claro que mantendrán su disposición de negociar con el Ministerio de Justicia, "con rigor y sincera colaboración, como siempre hemos hecho, la base de los referidos proyectos, y sin renunciar, así mismo, a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar en la consecución de nuestros objetivos".