“En un estado de derecho donde existe la separación de poderes, cuando un presidente dicta sentencia es que la democracia ha salido por la puerta”, reflexiona Ester Muñoz. La portavoz del Partido Popular en el Congreso carga contra Pedro Sánchez por insistir en la inocencia del fiscal general del Estado en una entrevista para El País. “Está acusado de un delito del que, curiosamente, ya ha sido absuelto por el presidente del Gobierno”, señala Muñoz sobre Álvaro García Ortiz, sosteniendo que “el señor Sánchez se ha puesto la toga y ha dictado sentencia en la portada de un periódico de este país”.
El presidente socialista aseguraba para el citado medio que “el Gobierno continúa creyendo en su inocencia y, más aún, tras todo lo visto” en el juicio al fiscal general del Estado, sobre el que pesa la acusación de una presunta revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En ese email figuraban datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso y de la situación en la que se encuentra el propio González Amador, investigado por presunto fraude fiscal.
El líder del Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de romper la independencia judicial con sus declaraciones en El País. Alberto Núñez Feijóo cree que la postura del presidente del Gobierno refleja “su falta de calidad democrática, su carencia de ética y de responsabilidad”. Por su lado, la Asociación de Fiscales también ha acusado a Pedro Sánchez de "presionar y deslegitimar a los tribunales” por defender la inocencia de García Ortiz.
La portavoz del Gobierno de España no cree que Sánchez haya dicho “nada que no haya ya verbalizado en otras ocasiones”. Pilar Alegría acusa al PP de “crear una falsa polémica”, en esta ocasión, por unas declaraciones realizadas “bajo el contexto de una entrevista periodística”. “Hemos manifestado nuestro respeto a la justicia”, dice la portavoz del Ejecutivo central, insistiendo en que esto “no es contrario a manifestar una opinión” en base a un juicio en el que, apunta, “por ahora, no hemos visto ninguna prueba contra el fiscal general del Estado”.