La Iglesia en España y el Gobierno han acordado abrir una vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA (Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales) establecida por la Iglesia. El acuerdo ha sido suscrito por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Luis Argüello, presidente de la CEE, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER.

Para la firma del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública.

Este sistema acordado de reconocimiento y reparación tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión del PRIVA, el consenso Iglesia Católica-Estado y la participación de las víctimas. La Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia.

Así mismo, los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión PRIVA serán homogéneos. En caso de discrepancia de la valoración, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia, será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE (Confederación Episcopal Española) o de la CONFER según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.

Es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario.