MENÚ

La crisis migratoria vuelve a saltar al debate. Desde el Consejo de Ministros han aprobado la reubicación de cerca de 3.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla, y para descongestionar dichos territorios. El llamado reparto de menores se realizará a partir del 28 de agosto, y a pesar de la negativa de varias comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla - La Mancha.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de España, ha explicado ante los allí presentes que no se plantea que las comunidades autónomas "gobernadas por el PP" se nieguen a incumplir la ley que establece la obligatoriedad de acoger a los menores que derive el Ejecutivo central. Esta sería la segunda norma relacionada con el reparto de migrantes que saca adelante el Gobierno tras la modificación de la Ley de Extranjería.

"Llevamos asistiendo a ese boicot y ese bloqueo que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevan ejerciendo durante todo este tiempo", ha sostenido la ministra. "Se sienten muy cómodos en ese discurso de racismo y de odio hacia estos niños, pero ahora tienen la obligación de cumplir con la ley", sentencia Alegría, apelando a la "humanidad" de los dirigentes autonómicos.

En este sentido, cabe recordar que hace apenas unos días, los consejeros de las regiones gobernadas por el PP decidieron no acudir a la Conferencia Sectorial de la Infancia liderada por la ministra Sira Rego en la que se abordaría este frente. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera del área, Ana Dávila, ha explicado que las regiones han dicho "basta" y se niegan a ser "cómplices de un reparto de menores inconstitucional e inhumano".

Además, la consejera madrileña recordaba cómo el Gobierno central ha excluido de la obligatoriedad a Cataluña y al País Vasco, dos territorios que se habrían negado a acoger a nuevos menores. Y es que, en palabras de Dávila,"el Gobierno de España negocia con la vida de menores a cambio de votos".