“Coherencia, compromiso y justicia”. Estos son los tres pilares sobre los que se apoya la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha impulsado el Gobierno de España. Así lo plantea Pedro Sánchez, hablando de esta medida como una “reivindicación histórica” y recordando que “España es hija de migrantes y no será ni padre ni madre de la xenofobia ni de los discursos racistas que practican el Partido Popular y VOX”.
“Dicen que sí la patronal, los sindicatos, la Conferencia Episcopal, en España, y la iglesia católica, en el Vaticano”, insiste el presidente socialista. Apunta que ha habido ya seis procesos anteriores de regularización a lo largo de nuestra historia, “también con el PP, con el señor Aznar al frente”. Sánchez traduce la postura del principal partido de la oposición en “una muestra de hipocresía que no nos sorprende”. Sentencia que “un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B”.
Con la aprobación de esta regularización, ha quedado abierto el plazo para tramitar las solicitudes por la vía telemática en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También podrá realizarse forma presencial en las 400 oficinas habilitadas para este fin. En cualquier caso, el plazo de solicitudes se dará por finalizado el 30 de junio de 2026.
La regularización extraordinaria está dirigida a inmigrantes que se encontrasen en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que, al menos, lleven en nuestro país cinco meses. Para acceder a la misma hay que carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden y la seguridad pública. Cualquier documento público o privado nominativo y verificable servirá para acreditar el arraigo, sin necesidad de presentar para ello un certificado de empadronamiento.
Desde el Partido Popular aseguran que “no saben cuántas personas van a regularizarse”. La portavoz de los populares en el Congreso insiste en que reste proceso supone que “los regularizados van a poder traerse a sus familiares”. Ester Muñoz está convencida de que esta iniciativa afectará a los servicios públicos y a la vivienda, “porque no es lo mismo encontrar acomodo para una persona que para una familia de seis”.