El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este martes citar como investigado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y otros conexos.
Según la nota oficial a la que ha tenido acceso este medio, Zapatero deberá comparecer el próximo 2 de junio en la sede de la Audiencia Nacional para prestar declaración en el procedimiento que investiga el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha levantado parcialmente el secreto de las actuaciones y ha ordenado el registro inmediato de la oficina del expresidente y de otras tres sociedades mercantiles vinculadas a su entorno. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están ejecutando en estos momentos las entradas y registros.
Primer expresidente investigado por corrupción en democracia
Se trata de un hito judicial sin precedentes: es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno es citado como investigado en una causa por delitos de corrupción.
Calama asumió la competencia de la causa el pasado 3 de marzo, después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional por la trascendencia del asunto y la posible conexión internacional (blanqueo de capitales).
La investigación se centra en el presunto uso irregular de los fondos públicos destinados al rescate de Plus Ultra y en si parte de ese dinero pudo destinarse a blanquear capitales, presuntamente procedentes de Venezuela. Se sospecha que Zapatero habría mediado a favor de la compañía a través de su red de contactos, recibiendo a cambio pagos a través de empresas vinculadas a su amigo el empresario Julio Martínez Martínez (conocido como “Julito”), entre ellas Análisis Relevante, y también a sociedades relacionadas con sus hijas.
Reacciones y contexto
Fuentes jurídicas consultadas por este medio confirman que la imputación se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras analizar abundante documentación y movimientos financieros.
Desde el Partido Popular ya han calificado los hechos de “gravedad extrema” y exigen explicaciones inmediatas al Gobierno de Pedro Sánchez.
Zapatero, por su parte, siempre ha defendido que sus honorarios (alrededor de 70.000 euros anuales) correspondían a labores legítimas de consultoría y ha negado cualquier intervención irregular en el rescate de la aerolínea.
La declaración del próximo 2 de junio se perfila como uno de los momentos más delicados de la trayectoria del expresidente socialista, y marcará un antes y un después en la causa.