El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sigue luchando en los tribunales para conseguir que se le ponga en libertad tras el decreto de entrada en prisión que le mantiene en Soto del Real desde hace semanas.
Ahora, sus abogados han recurrido al Tribunal Constitucional exigiendo la "inmediata puesta en libertad" del ex diputado socialista, ya que consideran que "se están vulnerando sus derechos fundamentales". En su recurso presentando ante el alto tribunal afirman que el auto que envió a prisión a Cerdán "adolece de una falta de motivación y concreción palmaria, ya que no hacen ninguna referencia concreta sobre qué prueba se pretende preservar, ni aún menos se relaciona con una posibilidad real que el señor Cerdán pueda alterarla o destruirla", explican. Cabe recordar que una de las razones por las que Santos Cerdán está en prisión es precisamente la posibilidad de que destruya pruebas que demuestren su culpabilidad en los numerosos delitos que se le imputan. Una de las pruebas más contundentes contra él en el que se sustentan las acusaciones es la retahíla de audios encontrados en el registro de la vivienda de Koldo García.
Sin embargo, la defensa de Santos Cerdán aún mantiene que esos archivos sonoros podrían estar manipulados "a fecha de hoy su veracidad, su soporte, quien los grabó o por qué motivo lo hizo" se desconoce, asumen los abogados del ex dirigente socialista y, además, recuerdan que "han sido convenientemente editados y filtrados en los medios de comunicación". Por su parte, defienden que Cerdán no se reconoce en dichos audios.
El recurso presentado ante el Constitucional sostiene de manera contundente que "ni el auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ni el auto del magistrado instructor que acuerda la prisión provisional sin fianza del señor Cerdán superan un mínimo test riguroso respecto de la necesidad de concretar el riesgo existente respecto a mi patrocinado de destruir, alterar o manipular concretas fuentes de prueba. Por tanto, no supera los estándares de motivación exigidos tanto por este Tribunal Constitucional o parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, debe acordarse su inmediata puesta en libertad", concluyen.