Álvaro García Ortiz ya es, oficialmente, ex Fiscal General del Estado. En una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, el hasta ahora máximo mandatario del Ministerio Fiscal ha presentado su renuncia tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que le ha juzgado y encontrado culpable por un delito de relevación de secretos.
García Ortiz explica en la misiva que "esta decisión judicial, antes de cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".
El Fiscal General termina así su etapa de tres años al frente del Ministerio Fiscal antes incluso de conocerse la sentencia en su totalidad. "Aunque mi determinación deriva del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servicio fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional", ha dicho en la carta.
El Fiscal General ha cerrado su carta de notificación de renuncia acordándose del actual Ejecutivo "Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".
Proceso de nuevo nombramiento
Ahora, se abre el proceso para que el Gobierno nombre a un nuevo Fiscal General del Estado. En los próximos días, el Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros, elegirá a un jurista español de reconocido prestigio que debe contar con más de quince años en el ejercicio activo de la profesión. Hay que tener en cuenta que la ley establece ciertas incompatibilidades que descarta a quienes hayan sido ministros, secretarios de Estado o parlamentarios en los cinco años anteriores. En 2018 no se cumplió esta exigencia en el nombramiento como Fiscal General a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, lo que produjo una gran controversia política.
Tras la elección de la persona propuesta, se debe solicitar un informe al Consejo General del Poder Judicial, aunque el mismo no es vinculante.
Y tras este paso intermedio, la persona designada deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. En esta comparecencia se evaluará los méritos, trayectoria profesional e idoneidad para el cargo.
Finalmente, el Rey nombrará al candidato o candidata como Fiscal General del Estado.