José María Ángel Batalla ha sido ingresado esta mañana en el Hospital de Llíria, Valencia, con un pronóstico grave, aunque los sanitarios han conseguido estabilizarle. Al parecer, y según han publicado varios medios, el ingreso en urgencias se debe a un presunto intento de suicidio por parte del excomisario del Gobierno de España para la DANA. 

El propio Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha enviado un mensaje de apoyo a Ángel Batalla. "El Consell desea manifestar su deseo por la pronta recuperación del ex Secretario Autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel Batalla, y transmite su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación", ha manifestado el popular en su red social X.

Este suceso ocurre una semana después de que el excomisario presentase su renuncia por un presunto delito de falsificación de documentos. Ángel Batalla envió un escrito al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunciando esta decisión de renunciar a su puesto de Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA, un cargo que asumió en 2024. 

En el texto, el ahora ex comisario insistía en su inocencia, y en que las denuncias respondían a "reiteradas actitudes de inquina hacia su persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y tranparente". Así se defendía Ángel Batalla recordando, además, su dedicación durante más de cuarenta años al servicio público, una "vocación que no se improvisa, que no se hereda y que no se compra, sino que se construye día a día".

Al parecer, el excomisario falsificó su titulación académica señalando que era diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universidad de Valencia, abriéndose las puertas para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación. La Agencia Valenciana Antifraude fue la que destapó dichas presuntas irregularidades del también presidente del Partido Socialista valenciano, a pesar de que el aludido negaba ser responsable de dicha falsificación. 

En este sentido, cabe recordar que según el Código Penal, dentro de su Título XVIII, establece como delito la falsificación de títulos universitarios oficiales y públicos, estableciendo penas de dos a seis años de cárcel, y multas económicas.