El Gobierno ha acordado modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para devolver a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta de empleo público y los procesos de selección de los habilitados nacionales. La medida, que forma parte de un real decreto-ley que debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados, devuelve a la Generalitat una competencia que ya ejerció entre los años 2007 y 2013.

No obstante, esta propuesta está siendo criticada por otras administraciones como la Comunidad de Madrid, desde donde aseguran que es otro regalo de Pedro Sánchez a los "independentistas" catalanes para mantener su apoyo y, por ende, su puesto en La Moncloa. 

Y es que, al parecer, el Estado era el encargado de elegir estos puestos de control al ser una autoridad externa y única por la que poder evitar presiones políticas, autonómicas o locales. Así mismo, se teme una posible politización del sistema de nombramiento y una pérdida de uniformidad en el sistema, ya que, si cada Comunidad Autónoma elige a los propios, habría 17 modelos diferentes, dificultando con ello la movilidad de funcionarios. 

También podría ponerse en jaque la autoridad e independencia de los interventores y secretarios, figuras con peso para dar su "no" legal o técnico en un ayuntamiento. Si dependen directamente del Estado, hay mayor distancia entre el funcionario y la administración que le elige; si depende directamente de una comunidad autónoma y, más aún, de un ayuntamiento, la distancia disminuye aumentando las posibilidades de presiones. 

Por ejemplo, un interventor tiene que paralizar un pago que el ayuntamiento quiere hacer porque es ilegal. Si sabe que su carrera, sanciones o nombramientos dependen de un organismo autonómico más cercano al territorio y a su política, puede sentir más presión o autocensura.