La Comunidad de Madrid contará con una Agencia de Ciberseguridad regional tras la aprobación en el pleno de la Asamblea y, por amplia mayoría, la Ley que secunda la puesta en marcha de esta herramienta que potenciará las capacidades de la Administración frente a los crecientes ataques informáticos. Este nuevo recurso trabajará también con las entidades municipales de menos de 20.000 habitantes, que no disponen de estrategias ni medios para proteger sus sistemas; fomentará el emprendimiento del ecosistema empresarial del sector; impulsará la cultura en este ámbito en la sociedad; y ofrecerá a los ciudadanos el marco de confianza necesario en su relación con las tecnologías.

Con esta normativa, el Ejecutivo autonómico potencia sus competencias en esta materia en pleno crecimiento de las ciberamenazas. En este sentido, entre enero y septiembre de 2023 se han registrado en la región 57.299 delitos de esta índole, lo que suponen un 19% más que los contabilizados en el mismo periodo del año pasado.

La nueva Agencia se encargará de facilitar una visión centralizada y de aumentar las facultades de gobierno mediante la configuración del Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CSIRT, por sus siglas en inglés) para toda la Comunidad de Madrid. Estos expertos serán los encargados de recibir, revisar y replicar a todos los informes y actividades sobre los sucesos que se registren en el territorio y colaborar con las entidades atacadas para que logren recuperar la normalidad en las operaciones y estén preparadas en el futuro para evitar nuevas incidencias. Esta estructura estará también enfocada en reforzar la protección informática de las infraestructuras más relevantes, con especial atención en el área de salud por su criticidad.

Además, este recurso será clave para aquellas corporaciones locales más pequeñas ya que les ayudará a protegerse y proporcionará asesoramiento y formación a sus trabajadores, para que puedan ir adquiriendo los conocimientos suficientes para actuar por sí mismas en este ámbito. Del mismo modo, facilitará la conexión con proveedores privados y con aquellos que se relacionen con los servicios públicos a través de medios electrónicos, y actuará como órgano de colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN).

Sus funciones y competencias le permitirán trabajar con cualquier entidad pública y privada autonómica en coordinación con el CCN para la puesta en marcha de acciones y toma de decisiones comunes ante cualquier eventualidad. Tras la evaluación de la extensión del suceso, podrá alertar a otras instituciones que puedan verse afectadas para prevenir un mayor alcance.