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"Hemos solicitado la comparecencia de Enrique Ossorio en calidad de ex consejero de Hacienda de Ignacio González". Así lo ha anunciado hoy mismo Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en el parlamento madrileño, destacando la importancia de que el actual presidente de la Asamblea explique "por qué regaló 10,5 millones de euros de fondos europeos al chiringuito opaco de Madrid Network".

De nuevo este "chiringuito", como ha apodado la oposición madrileña, vuelve a estar en el foco de la actualidad de la región, "un pozo sin fondo de chanchullos que nos ha costado más de 70 millones a los madrileños", insiste Bergerot.

Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, Madrid Network es una entidad público-privada que se creó durante el mandato de Esperanza Aguirre en 2007 para conectar empresas y fomentar la innovación empresarial en la Comunidad de Madrid, o eso explican en su propia página web. No obstante, hay varias acusaciones que apuntan a un posible mal uso de fondos públicos a través de subvenciones a esta entidad.

Desde la oposición han recordado en varias ocasiones que en 2010, el Gobierno central concedió un préstamo de 80 millones de euros a la Comunidad de Madrid para financiar proyectos de I+D+i, un dinero que, al parecer, se derivó inmediatamente a Madrid Network mediante un convenio firmado en 2011. Una aportación que la entidad debería haber devuelto en cuotas anuales desde 2016, pero que, por lo que parece, solo ha reembolsado las de ese año y el siguiente.

Así, esta posible falta de pagos habría provocado que sea el Gobierno regional el que tenga que asumirlos con fondos públicos, generando con ello el "agujero" presupuestario de 70 millones de euros, aproximadamente, que denuncia la oposición. Además, hace unos días el Tribunal Supremo obligó a la Comunidad a que levante el secreto sobre las cuentas de Madrid Network y se facilite la información financiera.

Esta información se sostiene en varios documentos, entre ellos, el elaborado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo con fecha del 3 de junio de este año de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. En él, el área que dirige Rocío Albert expone varios frentes, entre ellos, el préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación previamente mencionado, desembolsados en tres años:

• 2010: 32 M€
• 2011: 32 M€
• 2012: 16 M€

Según refleja el documento, el principal deudor frente al estado es el Gobierno regional, aunque este dinero se haya dado a terceros, quien responde es la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el 23 de mayo de 2011, tras obtener el préstamo, el Ejecutivo regional firmó un convenio con la Asociación Madrid Network por el que esta recibía ese préstamo, pero tendría que devolverlo.

En cifras, en el documento solo aparece el pago de Madrid Network de 4.116.196,92 euros en 2016 de "remanentes no aplicados" que se reintegró posteriormente en concepto de "amortización anticipada" al Ministerio de Ciencia. A partir de ese año, el que aparece como pagador es la Comunidad de Madrid y, aunque el documento no habla de incumplimientos, parece que la asociación desaparece financieramente.

Este pago de 4,1 millones de euros implicaba volver a recalcular cuánto quedaba por pagar y el calendario de cuotas, algo que debió haber realizado el Ministerio y que, al parecer, no modificó, por lo que en los posteriores pagos la Comunidad de Madrid siguió pagando como si no se hubiera devuelto ese dinero, es decir, cuotas más altas, generando un sobrecoste para la administración regional. “La no adecuación del cuadro de amortización del préstamo ha causado que la Comunidad de Madrid haya abonado un sobrecoste […] por importe de 2.339.023,90 euros, lo que supone un ingreso indebido al Estado", refleja el escrito.

Posteriormente, se hizo la adecuación del cuadro, donde las cuotas reflejan una evidente bajada, siendo la mayor de 450.000 euros aproximadamente, es decir, la deuda "grande" está pagada por la Comunidad de Madrid, pero no por Madrid Network. Así, todo apunta a que es la administración regional la que se hace cargo de la deuda con dinero público mientras la asociación estaría incurriendo en un incumplimiento del convenio.