La difusión de los audios del CEO de Ribera Salud en relación con lo sucedido en el Hospital de Torrejón debería helarnos la sangre. Muchos sospechábamos lo que estaba ocurriendo, pero escuchar a un alto dirigente de una de las empresas que gestionan nuestros hospitales, admitiendo que “hay que subir las listas de espera” porque la concesión privada ingresa más cuanto más se ralentice su actividad no es solo un escándalo administrativo: es una radiografía exacta del modelo sanitario impuesto por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
No estamos ante una anécdota aislada ni ante un desliz verbal. Estamos frente a la confirmación más cruda de lo que la izquierda madrileña lleva años, advirtiendo: que en Madrid muchos hospitales funcionan como negocios y que la salud de la ciudadanía ha sido convertida en un activo que cotiza durante toda su vida en Bolsa sanitaria.
Hoy me acuerdo de esos pacientes anónimos que engordan la lista de espera. De esa María, de 72 años, que lleva tres meses esperando una operación de cadera que no la deja dormir. En la Bolsa silenciosa de los hospitales privatizados, su dolor crónico apenas mueve la aguja: poca rentabilidad, demoras asumibles. O de ese supuesto Luis, de 43 años, que arrastra un tumor benigno cuya operación se retrasa una y otra vez; su caso cotiza un poco mejor, pero no es prioritario, salvo cuando conviene equilibrar estadísticas. O de Sara, una mujer de 29 años con un problema cardiaco que requiere pruebas urgentes, que sería el valor más alto del día: una intervención compleja, cara, jugosa. Es el mercado invisible donde se negocia la salud de los madrileños, los CEO de los centros de gestión privada colocan a cada uno como si fueran ofertas del Black Friday: se les pone precio, se les clasifica, se les empuja arriba o abajo en una lista de espera que responde más a la rentabilidad que a la humanidad. Y todo esto, sin que nadie vea el tablero donde se compra y se vende su tiempo, su angustia y su vida.
El PSOE lleva años advirtiendo de que las privatizaciones sanitarias en Madrid no eran una simple “colaboración público-privada”, sino la instauración de mecanismos económicos que empujan a la deshumanización. Este caso no es una mancha aislada: es una ventana abierta a la lógica interna de un modelo que recompensa la saturación, la demora y la angustia. Si el dolor de María, la espera interminable de Luis o la urgencia de Sara pueden traducirse en ingresos, entonces ese sistema está moralmente roto. Y lo peor: está diseñado para ser así.
El entramado empresarial que sustenta este modelo lleva nombres conocidos: Quirón, Ribera Salud y otras compañías que cada año reciben muchos más millones de los que figuran en los presupuestos. Se les asigna una cantidad, pero siempre se dispara: sobrecostes, contratos opacos, ampliaciones de servicios que casualmente engordan sus cuentas a final de año. Mientras que estas empresas cobran más de lo previsto, los hospitales públicos pierden personal, cierran camas y ven colapsar sus urgencias. Eso es lo que el PP ha permitido con nuestra sanidad, que sea un negocio en el que lo humano es secundario.
Durante años, los gobiernos de la Comunidad han vendido este sistema como eficiente y moderno. Pero la eficiencia no puede medirse si el criterio es económico y no sanitario. ¿Qué eficiencia es esa que permite que un gerente hable de las listas de espera como quien revisa un gráfico de tendencia en el parqué bursátil? ¿Qué modernidad es la que convierte un derecho fundamental en una cuenta de explotación? Estos audios quiebran cualquier narrativa de éxito que el PP haya tratado de construir. Si el modelo premia económicamente la saturación, entonces la saturación no es un fallo, es un objetivo.
Pero más allá de la política, aquí hay un dolor muy real. Un dolor que no entiende de presupuestos ni de estrategias de gestión. Cada día de espera es un día de sufrimiento. Cada retraso es un miedo que crece. Cada llamada que no llega es un recordatorio brutal de que, para algunos, tu vida tiene un precio. Y ese precio no lo decides tú, ni tu médico, ni tu familia: lo decide una empresa que te coloca en una lista según lo rentable que seas para su cuenta de resultados.
Por eso este caso debe ser un punto de inflexión. No basta con cesar a un CEO ni con esconder el problema bajo la alfombra. Es urgente revisar todas las concesiones, auditar cada euro público que termina en manos privadas y reconstruir un sistema donde la salud vuelva a ser un derecho, no un valor bursátil. Madrid merece una sanidad pública robusta, transparente y humana. Y merece un gobierno que deje de tratar la salud como un producto de mercado.
Si permitimos que nuestra salud siga cotizando en esa Bolsa sanitaria que han montado unos pocos para hacer negocio, será cuestión de tiempo que todos acabemos siendo cifras en un excel. Y la sanidad pública, aquella que garantizaba igualdad y dignidad, terminará siendo un recuerdo. Ahora, más que nunca, toca defenderla, ya que es un deber democrático y moral.