Asistimos al estreno de una superproducción de ciencia ficción donde héroes y villanos traspasan fronteras. El protagonista, como no podía ser de otra manera en estos tiempos convulsos, es Pedro Sánchez, bautizado con mala leche por el malvado de este film como 'Dirty Sánchez'. Frente a él, los oligarcas del patio digital global: dueños de imperios construidos sobre algoritmos y dinero, que deciden qué se ve y qué desaparece en la red. Sánchez quiere poner orden donde hasta ahora reinaba el caos, y no duda en señalar a los villanos de esta historia: Elon Musk, propietario de X, o Pável Dúrov, fundador de Telegram; entre otros.
El detonante es simple, pero potente: el presidente habla de imponer reglas en el salvaje Oeste digital, y se remueve el avispero. El presidente Sánchez ha propuesto modificaciones legislativas para poner en marcha una serie de medidas imprescindibles: limitar el acceso en redes sociales para mayores de 16 años; obligar a que los CEO's de las grandes propietarias de las redes a que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometen en sus plataformas si no retiran contenido que atente contra la legalidad; implantar herramientas que impidan amplificar discursos de odio o de polarización basados en bulos y mentiras; o impedir que se manipulen los algoritmos que amplifican contenido ideal.
En definitiva, el Gobierno de España apuesta por marcar normas en el gran espacio público de la red es hoy una cuestión de supervivencia democrática. Y eso es justo lo que los magnates tecnológicos no quieren: perder un modelo de negocio que ha prosperado gracias al descontrol, y una influencia que les permite operar por encima de los Estados, las instituciones y, a menudo, de la verdad.
El papel de villano no incomoda a Elon Musk; lo explota. Desde que tomó el control de Twitter, que rebautizó como X para renegar del pasado de la propia plataforma, ha convertido este espacio en su propio laboratorio. La libertad de expresión se confunde con ausencia de reglas. Musk no administra una red social: gobierna un territorio. Cambia normas, amplifica discursos y decide qué es tolerable desde un poder sin contrapesos. Y se cree con legitimidad para imponer quién debe gobernar en cualquier país del mundo.
Pável Dúrov actúa más silencioso, menos histriónico, pero igual de problemático. Telegram se ha convertido en un espacio opaco, difícil de fiscalizar, donde conviven la mensajería privada con canales masivos que funcionan como auténticos medios sin responsabilidad editorial. Su filosofía libertaria, llevada al extremo, termina beneficiando siempre a los mismos.
Musk y Dúrov comparten algo más que riqueza: defienden un modelo de internet sin rendición de cuentas, donde cualquier intento de regulación es tachado de censura. Pero en este salvaje Oeste digital, no reina la libertad, sino la ley del más fuerte, del que controla los datos, los servidores y los algoritmos. Y eso, disfrazado de épica libertaria, es poder sin límites.
No creo que Sánchez sea un tecnófobo ni un censor sin escrúpulos para mantenerse en el poder, tampoco considero que sea una especie de santo embarcado en una cruzada digital para derrotar a las fuerzas del mal. Toma muchas decisiones equivocadas, pero en este asunto creo que se ha puesto en el lado bueno, en el que estamos los ciudadanos que queremos reglas justas y claras para todos. No queremos que nos gobiernen quienes no han pasado, ni pasarán por las urnas.
La decisión de Sánchez responde a un análisis frío de las democracias occidentales. La desinformación y la polarización ya no son efectos colaterales: son un problema de Estado. Asumirlo implica un coste político enorme, porque enfrentarse a Musk y Dúrov es chocar contra legiones digitales que amplifican burla, insulto y caricatura. Aun así, avanza. No como héroe moral, sino como representante de un Estado que ha cedido demasiado terreno a actores privados que operan sin rendir cuentas.
España no actúa en el vacío. Su movimiento forma parte de un clima europeo que empieza a entender que lo digital ha tocado techo. Las redes sociales ya no son plazas públicas virtuales: son infraestructuras críticas que condicionan elecciones, conflictos y cohesión social. Al dar este paso, Sánchez asume un riesgo, pero también revela quién debe proteger la democracia cuando el desorden digital beneficia siempre a los mismos.
Sánchez no puede jugar esta batalla solo, debe ir de la mano de la Unión Europea. Desde Bruselas, recuerdan a Sánchez que los mercados digitales ya tiene una regulación y que hay algunas de sus propuestas que tiene difícil encaje legal. Ese es el punto de partido. Es cierto que existe esa regulación, pero tiene que ser revisada y en algunos aspectos endurecida. Aquí entra en juego el poder de convicción del líder socialista que debe convencer a sus socios (conservadores) europeos de que es necesario jugar esta partida.
El contraataque de Musk, Dúrov y sus defensores es directo: cualquier límite es censura, cualquier norma es ataque a la libertad. Pero es una trampa más de estos oligarcas digitales. En el salvaje Oeste de las redes no hay libertad, hay pistolas más grandes: algoritmos, capacidad de amplificación y control de la infraestructura.
La pregunta no es si se puede decir todo, sino quién decide qué se escucha. En X y Telegram no todas las voces pesan igual, ni todas las ideas circulan con la misma visibilidad. Presentar este modelo como el paraíso de la libertad es, en el mejor de los casos, una simplificación interesada. Regular no es callar; es poner reglas comunes en un espacio que ya condiciona la conversación pública más que muchos medios tradicionales.
Nadie en su sano juicio criticaría las reglas que nos hemos dado en otros ámbitos: No podemos conducir sin carnet y eso no es un ataque a la libertad; no se puede ejercer la medicina sin una titulación y todos lo aceptamos; un restaurante no puede servir comida en mal estado y no decimos que se esté atacando la libertad de empresa. Entonces, ¿Por qué creemos que alguien puede impunemente construir relatos completamente falsos para condicionar el pensamiento de miles o millones de personas? ¿Por qué creemos que es un ataque a la libertad obligar a los dueños de las plataformas digitales a que sus usuarios cumplan unas mínimas normas sensatas y buenas para todos?
El choque de estos días no es solo entre un presidente y dos o tres multimillonarios. Es Europa contra la lógica del “yo decido”. Frente al imperio del genio solitario, la UE ofrece normas, tribunales y controles públicos.
Esta película no tiene un final definitivo. Sánchez ha lanzado el primer desafío, pero Musk y Dúrov no piensan entregar el control sin luchar. El salvaje Oeste digital seguirá rugiendo mientras los Estados intentan imponer límites donde antes solo existía la ley del más fuerte.
La verdadera pregunta para los ciudadanos no es si Sánchez tiene razón o no, sino qué modelo de internet queremos para la democracia: uno sin fronteras ni reglas, gobernado por algoritmos y fortunas privadas, o uno donde libertad y responsabilidad puedan coexistir. En esta historia, el próximo capítulo aún está por escribirse.