Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer, y en menos de 24 horas. Si ayer nos sorprendía con el veto de las redes sociales para menores de 16 años, hoy el presidente del Gobierno de España ha anunciado una nueva medida que afecta al sistema educativo del país, la aprobación de un Real Decreto para "poner límites" a la apertura de centros de Formación Profesional privados "que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes" a los alumnos. Así, de la LOSU y el control de las universidades privadas (Ley de Universidades), el Gobierno central pasa también al 'intervencionismo' de la FP.

En palabras del líder nacional, el objetivo de esta medida es asegurar unos estándares de calidad y control, además de la necesidad de "poner orden y velar" por la igualdad en el acceso a la formación, porque "el futuro de un joven en nuestro país no puede depender de dónde nazca ni de cuánto ganen sus padres". Sánchez ha explicado que la demanda de FP se ha disparado y, en paralelo, la oferta privada ha crecido en muy poco tiempo más del doble que la pública.

No obstante, esta medida ya ha generado controversia, sobre todo entre los centros ya privados, desde donde consideran los términos empleados por el presidente como "ofensivos" y aseguran que el Real Decreto buscaría frenar la libre competencia. Además, podría haber un doble rasero en las exigencias del presidente, ya que, en la actualidad, hay centros públicos que no cumplen con esos estándares que se pedirán a los privados.

Así mismo, se teme que cambien las reglas del juego a mitad de curso, afectando esto a inversiones ya realizadas en nuevos centros.