La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han llevado a cabo el desalojo de la acampada asentada en la Puerta del Sol durante 38 días, en una intervención que se ha saldado con 2 personas detenidas y 334 desalojadas, según las cifras aportadas este martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Díaz Ayuso ha atribuido la responsabilidad de la ocupación al presidente del Gobierno, afirmando que "Pedro Sánchez ha permitido otra vez una situación ilegal que se ha producido en Madrid durante 38 días" y acusándole de "consentir por interés político que se ocupara ilegalmente la Puerta del Sol".
En su valoración sobre los efectos de la acampada en el centro de la capital, la presidenta autonómica ha señalado tanto a Sánchez como al anterior delegado del Gobierno como "culpables y responsables del secuestro de este lugar público", añadiendo que la ocupación ha provocado "actos violentos, la vandalización del patrimonio de todos y poner en peligro la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid".
Asimismo, Díaz Ayuso ha puesto el foco en el impacto sobre la actividad comercial de la zona céntrica, señalando que la acampada ha causado "la ruina a todo el comercio de la zona, a personas inocentes que incluso han tenido que despedir a empleados". Según sus estimaciones, los perjuicios económicos "superan los 30 millones de euros en momentos fundamentales para el turismo, el comercio y la imagen de la capital de España", calificando el resultado global como "el legado que deja el sanchismo: ilegalidad, caos, abandono, suciedad, violencia y miseria".
En el ámbito de la actuación policial y municipal, la jefa del Ejecutivo regional ha expresado su agradecimiento "a la nueva delegada del Gobierno, a los efectivos de la Policía Nacional y la Policía Municipal, y a los profesionales del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid que se han afanado para retirar en tiempo récord toneladas de basura acumuladas".
Finalmente, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado el inicio de medidas legales por parte de la administración regional, advirtiendo de que "desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir reclamando por la vía judicial que los responsables paguen por todo el daño que han causado, porque hacer daño de manera gratuita tiene consecuencias".