El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y varias acusaciones populares contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

En su auto, Calama reconoce la existencia de indicios racionales de criminalidad contra Zapatero, pero concluye que no existe riesgo procesal (ni de fuga ni de destrucción de pruebas) que justifique restringir su libertad. Por ello, rechaza la comparecencia quincenal, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional solicitadas por la Fiscalía. Las acusaciones populares, entre ellas Vox, se habían adherido a estas peticiones y, de forma subsidiaria, algunas habían reclamado incluso prisión provisional.

Los indicios señalados por el juez

El magistrado detalla que los indicios provienen de múltiples fuentes:

• Contenido de dispositivos intervenidos en registros.
• Trazabilidad de transferencias bancarias vinculadas a las ayudas públicas concedidas a la aerolínea Plus Ultra.
• Uso de sociedades mercantiles presuntamente instrumentales para canalizar pagos.
• Análisis preliminar de un dispositivo facilitado por las autoridades de Estados Unidos.
• Hallazgo en la oficina de Zapatero de piezas de joyería valoradas en más de 1,3 millones de euros, sin que se haya acreditado su origen ni el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.

A pesar de estos indicios, Calama subraya que Zapatero es una persona de alta notoriedad pública con fuerte arraigo en España, lo que hace “evidente” que difícilmente pueda sustraerse al procedimiento. Además, considera que los elementos clave de la investigación ya han sido intervenidos, por lo que no existe riesgo actual de ocultación o destrucción de pruebas.

“Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, concluye el auto.

Contexto del ‘caso Plus Ultra’

La investigación gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021 a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. La compañía, de capital venezolano y con escasa actividad en España, fue considerada “estratégica” pese a sus pérdidas y reducido peso en el mercado (principalmente conectaba Madrid con Caracas).

La UDEF y el juez Calama investigan si Zapatero ejerció presuntamente tráfico de influencias para favorecer la concesión de la ayuda y si parte de esos fondos públicos pudo destinarse a comisiones ilegales o blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, a través de una red de sociedades instrumentales. Zapatero ha negado en todo momento cualquier irregularidad y defiende su “decencia y honradez”.

Esta es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno declara como investigado en una causa penal de esta naturaleza. La decisión de Calama mantiene a Zapatero en libertad, pero la instrucción del caso continúa abierta.