La Junta Electoral Central (JEC) analiza este lunes cómo dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Supremo que ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la conocida como ‘ley de nietos’.
El organismo electoral aborda así las consecuencias prácticas de una decisión judicial que obliga a verificar el vínculo con el exilio de quienes adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Entre las cuestiones sobre la mesa se encuentra la coordinación con la Oficina del Censo Electoral y con los registros consulares para determinar qué personas cumplen los requisitos fijados por el alto tribunal y cuáles deben ver suspendidos provisionalmente sus efectos electorales.
La reunión llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimara parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa contra un acuerdo de la propia Junta Electoral Central del pasado 16 de julio.
En aquel acuerdo, la JEC había considerado que no podía impedir la admisión del voto procedente del exterior ni revisar la concesión de la nacionalidad española, al entender que esas cuestiones excedían de sus competencias. El Supremo, sin embargo, ha ordenado ahora adoptar medidas sobre las inscripciones censales mientras resuelve el fondo de los recursos.
El Supremo alerta de un “peligro fundado, real y serio”
En los autos conocidos la pasada semana, el Tribunal Supremo justificó la medida cautelar por el incremento experimentado por el Censo Electoral de Residentes Ausentes como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y de la interpretación administrativa posterior de sus requisitos.
El alto tribunal considera que ese aumento puede suponer un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad y la transparencia de los procesos electorales y entiende que deben adoptarse medidas antes de la celebración de nuevos comicios.
La decisión afecta tanto a personas que ya figuran en el CERA como a nuevas altas. En el caso de quienes ya estén inscritos, quedan suspendidos cautelarmente sus efectos electorales si no se acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas. Las nuevas inscripciones podrán continuar su tramitación, aunque sus efectos electorales quedarán igualmente paralizados una vez concluidas mientras se mantenga vigente la medida cautelar.
El Supremo no ha anulado, sin embargo, las nacionalidades concedidas ni ha suspendido la Ley de Memoria Democrática. La resolución se limita, por el momento, al ámbito electoral y permanecerá vigente mientras el tribunal estudia el fondo de los recursos.
Madrid pide que prevalezca la última residencia
La controversia también ha llegado a la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció la pasada semana que su Gobierno presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central para reclamar que la asignación de estos electores a Madrid dependa de la última residencia administrativa acreditada de sus ascendientes.
El Ejecutivo madrileño rechaza que puedan utilizarse conceptos como el de “mayor arraigo” para adscribir electoralmente a una persona a la Comunidad y defiende que solo formen parte del censo madrileño aquellos casos en los que pueda acreditarse documentalmente que la última residencia del familiar español estuvo en la región.
La Junta Electoral Central deberá concretar ahora cómo ejecuta una resolución que abre un nuevo escenario sobre el voto exterior. Su decisión será clave para determinar cómo se identificará a los electores afectados y qué documentación será necesaria para mantener plenamente sus derechos electorales mientras el Tribunal Supremo resuelve definitivamente los recursos.