El Gobierno de España aprobó en octubre de 2025 un anteproyecto para modificar el artículo 43 de la Constitución, que regula el derecho a la protección de la salud, añadiendo un nuevo apartado (el 4) que reconocería explícitamente el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (aborto). El objetivo declarado era "blindar" constitucionalmente el derecho al aborto frente a posibles retrocesos (por ejemplo, influencias internacionales o cambios políticos), vinculándolo al sistema sanitario público y al derecho a la salud.

No obstante, esta reforma siguió el procedimiento ordinario que requiere un informe preceptivo no vinculante del Consejo de Estado y la aprobación por mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Si bien el primer organismo ha avalado la continuidad de la tramitación del proyecto de ley, ha incluido algunas críticas y advertencias clave dentro de su dictámen.

Desde el Consejo de Estado cuestionan la elección del artículo 43, que es un principio rector, no un derecho fundamental, y considerándolo como "oportunismo político". Argumentan que un verdadero "blindaje" del aborto como derecho inquebrantable debería hacerse reformando el artículo 15 (derecho a la vida e integridad física y moral), lo que requeriría un procedimiento agravado (artículo 168 CE): aprobación por dos tercios, disolución de las Cortes, nuevas elecciones y referéndum.

Así mismo, el organismo recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció reconociendo en varias sentencias el aborto como un derecho compatible con la Constitución, no como un derecho absoluto, pero sí protegido. 

En resumen, el dictamen no tumba el proyecto, pero lo desmonta parcialmente en sus fundamentos jurídicos, lo deja como un gesto más simbólico que efectivo, y advierte que no logra un blindaje real sin una reforma más profunda.