El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley del tabaco, que busca reforzar la vigente y ampliar las restricciones. Mónica García, ministra de Sanidad, ha defendido el texto recordando que España siempre ha sido un país pionero en la lucha contra esta sustancia y asegura que cerca de 50.000 personas pierden la vida cada año.

Con esta normativa se amplían los espacios libres de humo, prohibiendo fumar en las terrazas, "una medida que está avalada por la ciencia"; tampoco se podrá fumar en los campus ni en los patios escolares o en las piscinas de uso público. La restricción llega también a las estaciones de autobús, los andenes, las marquesinas y los vehículos de uso laboral.

Por primera vez, Sanidad ha incluido en la normativa todos los productos relacionados con el tabaco como son los calentadores de tabaco, los vapeadores o las bolsas de nicotina. García ha destacado que aquellos que empleen estas modalidades deberán respetar los perímetros de protección.

Así mismo, la ley regulará la publicidad y el patrocinio del tabaco y de sus derivados. "A partir de ahora, toda la publicidad, todo el marketing y cualquier medio, incluidas las redes sociales, en el que intervengan colaboradores o invitados, no podrán mostrarse personas fumando o vapeando", explica García. Tampoco podrán aparecer las marcas, logotipos o dispositivos asociados al mismo. Una restricción que se deriva también a los escaparates.

Las sanciones también se han endurecido. Quienes vulneren estas normas podrían enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros, ha anunciado la ministra.

Por otro lado, el texto recoge la eliminación del mercado de los cigarrillos electrónicos de un solo uso. En palabras de García, estos productos resultan "muy atractivos" entre los más jóvenes, siendo muy perjudiciales para el medio ambiente. "Estos son los productos a través de los cuales se está enganchando a la población más joven en la adicción tabáquica", sostiene la ministra, adelantando que los negocios que los comercialicen estarán cometiendo una infracción muy grave, y como tal será sancionada.

La normativa contempla la puesta en marcha de un Observatorio para la prevención del tabaquismo, un espacio donde se pretende trabajar de manera conjunta entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y los ciudadanos. Además, desde él se promoverán las iniciativas y programas "para ayudar a que podamos cumplir con esta ley", se elaborarán informes cada dos años para conocer la evolución de la normativa y se fijarán objetivos claros. 

La última propuesta que recoge el decreto es la elaboración de programas de prevención, educación y "cesación tabáquica" desde la red sanitaria única. "Queremos seguir impulsando desde Atención Primaria que la gente que quiera dejar de fumar pueda hacerlo a través de nuestro sistema nacional de salud", concluye la ministra.