Mónica García ha advertido a la Comunidad de Madrid que aplicarán todas las medidas legales para que elaboren el registro de objetores de conciencia, tal y como recoge la reforma de la Ley del Aborto de 2023, amparada por el Tribunal Constitucional. La ministra de Sanidad ha recordado que la ley "está para cumplirla" y adelanta que han enviado un requerimiento a las regiones que no cumplen para que se pongan en marcha, un aviso al que deben responder en un plazo de un mes.
García recuerda que dicha lista de médicos "no es algo opcional, es una obligación", una herramienta "esencial" para "garantizar" que el derecho de los profesionales son "compatibles" con los derechos de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo "en condiciones de equidad, seguridad y de respeto". Además, la ministra ha hecho un recorrido por la hemeroteca hasta llegar al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 16 de diciembre de 2024, donde asegura que todas las regiones, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, votaron a favor de elaborar dicho registro.
No obstante, esto no sería del todo cierto, pues la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ya expuso tras aquel pleno que "los gestores estamos para cumplir la ley, no para crear registros que lo único que buscan es algo punitivo". Además, la consejera recordó que los profesionales no están obligados a realizar ninguna práctica que no deseen hacer por motivos diversos, algo que está estipulado en "múltiples leyes y regulaciones".
Aun así, desde Sanidad han hecho un seguimiento a todas las regiones para comprobar quiénes cumplen con la ley y quienes, por el contrario, se resisten. Entre estas se encuentran Baleares, Aragón y Madrid, aunque solo la última ha manifestado expresamente que se niega a realizar la lista de objetores. Por ello, García ha anunciado que "hoy activamos este procedimiento legal", dando el plazo de un mes a las comunidades para responder al requerimiento del Ministerio.
De no darse dicha contestación, García advierte que "acudiremos a los tribunales" para plantear un contencioso-administrativo y que sea un juez el que haga cumplir la ley a la Comunidad de Madrid. Y es que, para la ministra, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se cree "por encima de la ley y de los derechos de las mujeres", pero "ni una ni otra".