Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han sacado a la palestra el nuevo paso en el caso del fiscal general del Estado. Mientras los primeros aseguran que lo que está ocurriendo en España "no es normal", el PSOE sigue confiando en García Ortiz, y apela a la presunción de inocencia.
Hace unos días, el Tribunal Supremo procesó al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. El juez que instruía el caso centró la atención en el famoso email que fue circulando con los datos personales de un particular, en concreto, de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el auto, el magistrado señala que García Ortiz habría recibido órdenes desde la Presidencia del Gobierno central para maniobrar con esa información, mientras que Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, negaba dichas afirmaciones.
Desde la Asamblea de Madrid también se pronunciaron a este respecto. Elisa Vigil, portavoz adjunta del Partido Popular, aseguró ante nuestras cámaras que, avance como avance el proceso, es la primera vez en la historia de la democracia que un fiscal general está imputado. Y es que, en la actualidad y dentro del entorno de Pedro Sánchez, ¿quién no lo está? Cuestionaba la popular. "Tendríamos que hacer un especial maratón Corrupción del PSOE o Resacón en Teruel".
No obstante, Javier Guardiola, diputado del PSOE en el parlamento madrileño, tenía una visión totalmente contraria. Según nos manifestó el socialista, no solo hay que respetar la presunción de inocencia, sino que han saltado informaciones de algunos periodistas que tuvieron que testificar en el caso, y que aseguran que en el auto no se ha tenido en cuenta sus testimonios.
Aun así, si en algo coincidían ambos diputados es en que se debía dejar a los jueces, y se terminarán depurando las responsabilidades necesarias.