Tras varios meses de investigaciones, Ángel Hurtado, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del fiscal general del Estado, ha propuesto procesarle por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El magistrado también propone llevar a juicio a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Según el auto elaborado por Hurtado, quedaría demostrado que García Ortiz actuó por "indicaciones de la Presidencia del Gobierno", y basa sus conclusiones, principalmente, en el correo electrónico que envió González Amador pidiendo pactar a cambio de su confesión, y donde aparecían datos sensibles del particular.
No obstante, Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, ha negado "rotunda y categóricamente" que el Gobierno central diera instrucciones al fiscal general, en quien vuelve a depositar una "confianza plena".
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz. Una intención a la que se ha unido el PP de Isabel Díaz Ayuso, "el procesamiento del fiscal general del Estado es algo gravísimo". Así lo señala el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, asegurando que "esto es un torpedo en la línea de flotación de nuestras instituciones y, desde luego, necesita una respuesta ejemplar".
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Gobierno madrileño ha secundado las afirmaciones de los populares. Miguel Ángel García Martín ha denunciado que "es inasumible que un país como España tenga imputado al fiscal general del Estado y al borde del banquillo por saltarse la ley que juró proteger", y ha destacado que "debe dimitir".