Nuevamente, el debate sobre la ley del concebido no nacido ha enfrentado en la Asamblea de Madrid al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y a la diputada socialista Lorena Morales. El Gobierno regional ha defendido que la norma busca proteger la vida y apoyar a las familias, mientras el PSOE ha cuestionado sus objetivos y ha advertido de que la medida supone una "revolución ideológica" que afecta a los derechos de las mujeres.
Durante su intervención, Morales ha sostenido que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso presentó la ley como una medida de apoyo familiar, pero ha afirmado que su propósito es otro. "Habló de su revolución ideológica y las mujeres somos el campo de batalla", ha señalado.
La representante socialista ha reprochado al Gobierno que, a su juicio, no preste la misma atención a las madres que crían solas ni a los menores que viven en situación de pobreza severa. "Mucha defensa del cigoto, pero a estos niños que les den", ha afirmado. Morales ha reclamado que la protección de la infancia vulnerable sea una prioridad para un Ejecutivo que asegura defender la vida.
La diputada también ha vinculado la ley con las dificultades que, según ha denunciado, afrontan las mujeres para interrumpir voluntariamente el embarazo en hospitales públicos de la región. Ha afirmado que solo el 0,5% de las interrupciones se realizan en esos centros y ha asegurado que cada vez más madrileñas deben desplazarse a otras comunidades o a Bélgica para ejercer ese derecho.
Morales ha advertido, además, de que el Gobierno central exigirá la derogación de la norma por considerar que puede ser inconstitucional, vulnerar los derechos de las mujeres e invadir competencias estatales. También ha asegurado que, si no se rectifica, la ley podría acabar ante el Tribunal Constitucional.
Miguel Ángel García defiende que la norma no amenaza a las mujeres
En su respuesta, el consejero ha rechazado las críticas de la diputada socialista y ha defendido que la ley pretende "proteger la vida, proteger a las mujeres y apoyar a las familias". El dirigente popular ha preguntado qué hay de malo en que una administración facilite ayudas a quienes desean tener un hijo y ha sostenido que la norma no supone una amenaza para ningún colectivo. "Esta ley no amenaza a nadie. No va en contra de nadie. Va en favor de las familias, va en favor de la vida y va en favor de aquellas mujeres que deciden tener un hijo", ha afirmado.
El responsable regional ha explicado que la finalidad de la medida es permitir que las familias reciban antes determinadas ayudas y cuenten con el respaldo de la Administración durante el embarazo. También ha defendido que proteger al concebido es compatible con atender a los niños nacidos y al conjunto de la población de la Comunidad de Madrid.
El enfrentamiento ha derivado asimismo hacia la política nacional. García Martín ha acusado al PSOE de ser responsable de una gestión deficiente de los dispositivos electrónicos de protección a mujeres víctimas de violencia machista y ha aludido a las pulseras de seguimiento, que ha calificado de "pulseras de Aliexpress". Morales, por su parte, ha centrado sus críticas en la política de maternidad y en lo que considera una restricción de los derechos de las mujeres.
Una ley para reconocer al concebido en determinadas ayudas
La norma a la que se han referido ambos parlamentarios es la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid. La legislación permite tener en cuenta al concebido como si ya hubiera nacido a determinados efectos relacionados con ayudas y derechos familiares dentro de las competencias autonómicas, entre ellos los vinculados a la consideración de familia numerosa.
La ley ha entrado en vigor, aunque la aplicación de la equiparación a la condición de familia numerosa está prevista a partir del 10 de enero de 2027. La medida exige acreditar el embarazo mediante un informe médico en los términos establecidos en la norma.