"La Ciudad de la Justicia es una de las grandes inversiones que va a realizar la Comunidad de Madrid" y que se sumará a otros proyectos como la Ciudad de la Salud, la cual "también vamos a iniciar en esta legislatura". Así lo ha trasladado Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ante nuestras cámaras recordando que uno de los objetivos es "preparar a la región" para su crecimiento, ya que "esperamos que en los próximos 15 años pueda ganar otro millón de habitantes más".
El consejero ha arrojado los detalles de lo que será el complejo de Justicia "más grande del mundo", por delante del de otros países como el Justice Palace de Estambul -300.000 m2-, el Palazzo di Giustizia de Florencia -135.000-, el Courts Complex de Kuala Lumpur -120.000-, el Tribunal de Justicia de París -120.000-, y el Thomas F. Eagleton United States Courthouse de Missouri -91.767-. García Martín también ha destacado la ubicación del proyecto, en el distrito de Valdebebas, próximo al Hospital Enfermera Isabel Zendal, al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y al Intercambiador de Transportes.
En esta línea, García Martín ha recordado las inversiones que está acometiendo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el 90% de las sedes judiciales ubicadas en los distintos municipios, y ha adelantado que "estamos trabajando en el Palacio de la Justicia de Móstoles y en breve podremos inaugurar el Palacio de la Justicia de Torrejón de Ardoz".
Por otro lado, el consejero ha puesto sobre la mesa una de las últimas reformas legales que ha enfrentado al Gobierno central con la Comunidad de Madrid, la Ley de Eficiencia de la Justicia. García Martín ha denunciado que este decreto se aprobó "sin ningún tipo de negociación con las comunidades autónomas que luego la tenemos que desarrollar", además de que "no cuenta ni con los medios ni con la financiación suficiente".
Desde la Comunidad de Madrid ya enviaron un requerimiento al Ministerio que lidera Félix Bolaños pidiendo que "evalúe de manera realista los costes de implantación de esta ley y, en segundo lugar, que dote de medios" a las regiones. "En el caso de que no lo atienda, lo que está habilitado en la propia Ley es ese recurso contencioso-administrativo ante el tribunal Supremo por la falta de actuación del Ministerio de Justicia", el cual, en palabras del consejero, "una vez más no está ejerciendo su función de liderazgo".
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