NOTICIAS | El programa electoral de Sánchez "pagado por todos los españoles"

El Gobierno de Ayuso acusa a Sánchez de usar este término "como única explicación" a la investigación sobre su mujer

El Gobierno de Ayuso acusa a Sánchez de usar este término "como única explicación" a la investigación sobre su mujer

Las críticas del portavoz madrileño también se han dirigido hacia el ministro de Hacienda.

Imagen: Comunidad de Madrid

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado duramente contra el Ejecutivo central, calificando como "el bulo de esta semana es la existencia del 'lawfare' en España". Según el consejero madrileño, estas acusaciones hacia el estamento judicial son la única estrategia de Pedro Sánchez para desviar la atención de la investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez, "y a la imputación por corrupción de 121 socialistas".

 

A juicio de García Martín, el presidente del Gobierno ha dejado de responder por los hechos que salpican a su entorno para centrarse en desacreditar a los encargados de investigarlos. En este sentido, ha afirmado con contundencia que "Pedro Sánchez y sus ministros han renunciado a defender el Estado de Derecho, lo que hacen es defenderse del mismo porque no le conviene al Gobierno de la mafia".

 

Presupuestos y modelo de financiación

 

Las críticas del portavoz madrileño también se han dirigido hacia la gestión económica del Gobierno y, en concreto, hacia el ministro de Hacienda, Arcadi España García. García Martín ha afeado que lleven "toda una legislatura" sin sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado y ha reprochado que "ahora nos hace creer que podrá aprobar unos nuevos cuando no cuentan con el apoyo parlamentario mínimo". Para el consejero, las directrices de Moncloa no buscan confeccionar unas cuentas reales, sino "un programa electoral pagado por todos los españoles".

 

Finalmente, el modelo de financiación autonómica ha sido otro de los focos de fricción. El mandatario madrileño ha recordado que la propuesta fue rechazada de forma mayoritaria por las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña, sentenciando que este plan económico no es más que "una carta de pago a los partidos independentistas".



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