Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, ha lanzado un mensaje claro al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy: "Que pague la deuda íntegra con los dependientes madrileños". La consejera ha recordado que ya asciende a más de 3.400 millones de euros la cantidad que debe el Gobierno de España a la región.
Asimismo, Dávila ha reclamado al ministro que explique de dónde proceden los 970 millones de euros destinados a las comunidades autónomas y que anunció en el Consejo de Ministros de la semana pasada, pues el Ejecutivo central todavía no cuenta con unos Presupuestos Generales del Estado. La consejera ha pedido que asegure a las regiones "que tiene garantías de estabilidad", ya que tampoco hay una memoria económica.
Por otro lado, la consejera ha exigido al Ministerio que se elabore un Plan Nacional de Recursos Humanos "porque hacen falta médicos, enfermeras y auxiliares" en todo el territorio. Madrid lleva años reclamándolo, al igual que otras comunidades y organismos.
España arrastra un déficit estructural de profesionales: se estima que faltan alrededor de 100.000-123.000 enfermeras para alcanzar ratios europeas (España está por debajo de la media OCDE, con aproximadamente 5,9-6,3 enfermeras por 1.000 habitantes). Además, hay un envejecimiento notable de la plantilla médica (un alto porcentaje de médicos de familia supera los 50-55 años), lo que agrava las carencias en Atención Primaria y cuidados.
El último reclamo de Madrid es que Bustinduy unifique los criterios para que el acceso a las ayudas a la ELA sean iguales para todos los pacientes, "pues su dejadez ha generado desigualdad y desasosiego" tanto en pacientes como en familiares, asegura la consejera.
Informes recientes de ConELA (Confederación Nacional de Entidades de ELA) confirman que la aplicación de la Ley ELA es muy desigual según la comunidad autónoma: hay diferencias en el acceso a prestaciones, retrasos administrativos, copagos en algunas regiones y velocidades distintas de implementación (algunas comunidades aún no reparten ayudas o imponen condiciones más restrictivas).