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El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción del caso Begoña Gómez y ha procesado a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, archivando el de intrusismo profesional.

Con este auto, la investigación —abierta en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias— llega a su fin en fase de instrucción después de casi dos años. Ahora las partes (Fiscalía, defensa y acusaciones populares) disponen de un breve plazo para presentar alegaciones antes de que se decida la apertura de juicio oral.

Según los extractos del documento al que ya han tenido acceso varios medios, el juez considera que hay "indicios racionales, fundados y sólidos" de que Begoña Gómez aprovechó "su proximidad al presidente del Gobierno" para acometer estos posibles delitos que se le imputan.

Empezando por presunto el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios, Peinado considera que Gómez impulsó su cátedra, 'Transformación Social Competitiva', en la Universidad Complutense y obtuvo beneficios para empresas amigas, entre ellas las vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés. El auto menciona reuniones en La Moncloa con directivos de Indra y Telefónica, así como cartas de recomendación.

Con respecto a la presunta malversación de caudales públicos, el juez lo relaciona con el uso de recursos públicos para contratar a su asesora, Cristina Álvarez, supuestamente destinada en parte a tareas privadas o de la cátedra.

En cuanto a la posible apropiación indebida, el juez sostiene que Begoña Gómez “se apoderó de fondos privados” que, en apariencia, iban destinados a la cátedra universitaria, pero que presuntamente integró en su patrimonio personal. También se menciona la apropiación de software o material desarrollado en el ámbito universitario.

Asimismo, Peinado mantiene investigados, además de a Gómez, a Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

El auto transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado. Ahora, si la Fiscalía o las acusaciones no piden nuevas diligencias y se abre juicio oral, la causa se dirigiría previsiblemente a un tribunal del jurado, aunque la Audiencia Provincial de Madrid ya ha anulado en varias ocasiones decisiones similares del instructor por falta de motivación suficiente.

La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez han solicitado en múltiples ocasiones el archivo de la causa, argumentando que los indicios son “meras conjeturas” y que no hay pruebas de que se hayan cometido delitos. Las acusaciones populares (Vox, Hazte Oír y otras) defienden que hay base suficiente para continuar.