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La Comisión Especial de Investigación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha cerrado hoy un capítulo clave sobre la gestión del anterior mandato. Según las conclusiones finales aprobadas este lunes, el Gobierno del PSOE aprobó pagos y adjudicaciones a empresas vinculadas familiar o personalmente a sus propias concejalas. El informe destaca un dato crítico: las ediles afectadas estuvieron presentes y votaron a favor en los órganos de contratación sin manifestar conflicto de intereses.

Dicha Comisión, presidida por la primera teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, ha elaborado un informe donde desglosa las irregularidades en dos bloques principales. En el primero, se acredita un vínculo de primer grado entre una concejala socialista y la administradora única de una empresa proveedora del Ayuntamiento complutense, un vínculo reconocido públicamente. Bajo esta relación, el consistorio abonó once facturas por un importe total superior a 5.200 euros entre 2019 y 2023.

Lo relevante, según la documentación técnica, es que la concejala participó con voto favorable en siete sesiones donde se autorizaron dichos pagos, sin que conste en el expediente administrativo ninguna intención de abstención ni manifestación expresa de conflicto de intereses. Además, diez de las once facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, la última mediante "reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en el Pleno", y con la presencia de la edil.

El "encadenamiento" de contratos menores

El segundo bloque analiza una situación de mayor cuantía: 33.480,38 euros abonados a una empresa administrada por la pareja de otra concejala del PSOE, y que prestó servicios tanto al Ayuntamiento como la empresa pública Alcalá Desarrollo. En este caso, la Comisión denuncia una "cadena continuada" de contratos menores —aquellos que por su importe requieren menos fiscalización— que se sucedieron durante todo el mandato y, de nuevo, la edil pudo haber participado en la conformidad de dichas facturas, ya que no hay registro de abstención o de advertencias formales por conflicto de intereses.

El rastro administrativo es, según el informe, incontestable: existen certificaciones oficiales de que la propia edil conformó algunas de las facturas y asistió a las Juntas de Gobierno donde se validaron los pagos a su pareja.

En este sentido, la Comisión subraya que no se trató de errores administrativos aislados, sino de una dinámica donde los técnicos municipales actuaban bajo "instrucciones jerárquicas" sin conocer los vínculos personales de los beneficiarios. "Las conclusiones no describen un error puntual, sino una forma de gobernar que normalizó situaciones de conflicto", ha sentenciado Ruiz Maldonado, remarcando que, además y según el informe, las decisiones de gasto afectaron a varias áreas, lo que demostraría que no se trató de un único departamento o actuación aislada.

Aunque la Comisión no emite juicios penales, el informe deja la puerta abierta a que los órganos competentes inicien procedimientos de responsabilidad. Por su parte, el actual Gobierno lamenta que el PSOE no haya asumido responsabilidades políticas ante unos hechos que, en palabras de la teniente de alcaldesa, "desmontan su discurso sobre transparencia".