Una pareja de Fuenlabrada, pongamos que Marta y Daniel, ambos en la treintena, con empleo y una vida aparentemente encarrilada, decide dar el paso que durante décadas fue casi automático: independizarse y construir un hogar. La búsqueda, sin embargo, se convierte pronto en un ejercicio de frustración. Los portales inmobiliarios ofrecen un escaparate desolador: alquileres que superan con facilidad la mitad de sus salarios y una oferta cada vez más escasa. La opción de compra, directamente, queda fuera de juego. Entre precios inflados, hipotecas inaccesibles y la falta de vivienda disponible, el proyecto de vida se aplaza indefinidamente. No es un caso aislado ni una exageración: es el retrato cotidiano de una generación atrapada en un mercado que le cierra la puerta antes siquiera de poder llamar.
En nuestra ciudad, tenemos entre 25.000 y 35.500 jóvenes en una situación parecida a nuestra pareja imaginaria. Y eso conlleva un problema que exige soluciones. Es lo que ha puesto negro sobre blanco el exalcalde de Fuenlabrada, José Quintana, en una reciente entrevista en Televisión Digital de Madrid. Lejos de la tibieza habitual en la política local, Quintana señala sin rodeos al actual regidor, Javier Ayala, y advierte de un rumbo errático en materia urbanística. A su juicio, el Ayuntamiento está cometiendo un error de fondo: no entender que el acceso a la vivienda no puede esperar y que los vecinos y vecinas no van a entender que no se implementen soluciones para ya.
¿Dónde sitúa Quintana el error? En una decisión que, lejos de acelerar soluciones, las aplaza durante casi una década. Según explica, el actual equipo de Gobierno ha optado por embarcarse en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que en la práctica ha supuesto la paralización de planes parciales ya avanzados. El resultado es tan previsible como preocupante: Fuenlabrada no contará con una oferta amplia de vivienda hasta dentro de seis, siete u ocho años, y aun así, las cerca de 8.000 previstas podrían quedarse cortas ante la demanda real. Frente a esa estrategia, José Quintana plantea una alternativa mucho más inmediata: detener la revisión y activar de forma urgente el desarrollo de La Pollina, un plan parcial que podría ponerse en marcha en apenas tres meses y tener grúas trabajando en nueve. Sobre la mesa, unas 3.000 viviendas destinadas a jóvenes y familias que no solo aliviarían la presión del mercado, sino que contribuirían a frenar la silenciosa sangría demográfica que arrastra la ciudad en los últimos años.
Ahora bien, aceptar sin más este diagnóstico sería caer en una simplificación peligrosa. Porque si algo ha demostrado la crisis de la vivienda en las últimas décadas es que construir más, por sí solo, no garantiza un acceso más justo ni más asequible. La receta de liberar suelo y acelerar desarrollos -que históricamente ha defendido la derecha- no siempre se traduce en precios más bajos, especialmente cuando el mercado prioriza la rentabilidad sobre la función social de la vivienda. En ese sentido, la propuesta de José Quintana, aun siendo pragmática en los tiempos, deja sin responder preguntas clave: ¿qué tipo de vivienda se va a construir?, ¿para quién?, ¿en qué condiciones de acceso? Porque sin una intervención pública decidida, el riesgo es repetir un modelo que ya ha demostrado sus límites.
Por eso conviene también mirar al pasado reciente de la ciudad, no desde la nostalgia, sino desde la experiencia útil. En los años noventa, Fuenlabrada afrontó un reto similar con el desarrollo de Loranca, un proyecto que combinó crecimiento urbano con un claro compromiso social: proliferaron las cooperativas, se impulsaron viviendas asequibles y la protección pública llegó a alcanzar cerca del 80% del total construido. Aquella fórmula, que se desarrolló con Quintana en la alcaldía, no solo facilitó el acceso a la vivienda a miles de familias, sino que contribuyó a consolidar un modelo de ciudad más equilibrado y nos dejó la ciudad que tenemos. Escuchar hoy a quienes tuvieron responsabilidades de gobierno y supieron dar respuestas eficaces no debería interpretarse como un ejercicio de melancolía, sino como una obligación política. Por eso, quizá, el actual alcalde, Javier Ayala, haría bien en atender más a esas lecciones antes de seguir avanzando por un camino que, de momento, no está resolviendo el problema.
Fuenlabrada no puede permitirse el lujo de esperar a que las soluciones lleguen desde la Comunidad de Madrid. El actual Gobierno regional ha puesto el foco en una nueva ley del suelo que, lejos de corregir los desequilibrios del mercado, amenaza con profundizarlos. Bajo el argumento de agilizar trámites y aumentar la oferta, la norma apunta a una reducción de controles urbanísticos, a una mayor flexibilización del planeamiento y, en la práctica, a convertir amplias bolsas de suelo en potencialmente urbanizables. Es una receta conocida: más suelo disponible, menos intervención pública y mayor protagonismo del mercado. El problema es que ese modelo ya se aplicó en el pasado reciente y sus resultados están lejos de ser ejemplares. La expansión desordenada, la especulación y la desconexión entre precios y salarios desembocaron en una burbuja inmobiliaria cuya crisis de 2008 dejó cicatrices profundas en ciudades como esta. Repetir hoy ese esquema no parece la mejor forma de garantizar el derecho a la vivienda.
El Gobierno municipal de Fuenlabrada tiene claro que las recetas urbanísticas de la derecha regional no aportan soluciones viables. Así lo demuestra al alejarse de iniciativas como el Plan Vive, que no ha llegado a Fuenlabrada y no sabemos si llegará en algún momento. La experiencia de ciudades como Alcorcón con este programa de promoción de vivienda en alquiler asequible no llaman al optimismo. Sin embargo, sin ser la solución ideal, aporta opciones en un mercado tan complicado que permiten a determinadas personas encontrar la fórmula adecuada para tener su propio hogar. La solución fuenlabreña podría ser la implementación de un Plan Vive Local con unas condiciones más favorables, pero son caminos que no parece que nadie esté dispuesto a explorar, de momento.
No obstante, los socialistas fuenlabreños no pueden quedarse anclados en la crítica ni en la mera apelación a la activación de los instrumentos que contempla la Ley Estatal de Vivienda. La política no puede reducirse a la confrontación normativa ni a la disputa competencial entre administraciones, especialmente cuando el problema es tan concreto y tangible en la vida de la gente. Los fuenlabreños no están pidiendo marcos teóricos ni debates jurídicos: están pidiendo soluciones reales, viviendas asequibles y horizontes de emancipación posibles. Y ahí es donde la acción local se vuelve decisiva, porque es en el ámbito municipal donde el discurso debe transformarse en suelo disponible, planificación eficaz y decisiones valientes.
Mientras tanto, Marta y Daniel seguirán entrando cada día en los portales inmobiliarios, actualizando anuncios, ampliando filtros y revisando precios como quien busca una rendija imposible. Quizá algún día encuentren esa combinación casi mágica -precio, ubicación y salario- que les permita por fin abrir la puerta de su propio hogar. Pero hoy, como tantos otros jóvenes en Fuenlabrada, siguen esperando una llave que no termina de llegar.