Hace veintitrés años, millones de ciudadanos llenaron las calles de España bajo una consigna que se convirtió en símbolo de toda una época: “No a la guerra”. Aquellas movilizaciones masivas contra la invasión de Irak marcaron uno de los mayores movimientos de protesta de la historia reciente de nuestro país. En ese clima político emergió con fuerza la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces líder de la oposición, que asumió el compromiso de retirar las tropas españolas si llegaba al Gobierno. Cumplió su palabra en 2004, convirtiendo la salida de Irak en una de las primeras decisiones de su mandato. Dos décadas después, esa misma memoria política sirve de referencia para el actual presidente, Pedro Sánchez, que vuelve a situar a España en la senda de aquel viejo principio: frente a una nueva escalada bélica en Oriente Medio, la respuesta sigue siendo la misma que resonó en aquellas plazas. No a la guerra.
El escenario que hoy se abre en Oriente Medio vuelve a situar al mundo ante una peligrosa encrucijada. El ataque militar lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán ha desencadenado una escalada de consecuencias imprevisibles, con el riesgo real de extender el conflicto a toda la región. No se trata de defender al régimen teocrático de los ayatolás, cuyo historial de represión interna y confrontación exterior es sobradamente conocido. Pero precisamente por eso resulta aún más preocupante que una operación militar de esta magnitud se produzca al margen de la legalidad internacional y sin el amparo de organismos como la Organización de las Naciones Unidas. En política internacional, como en cualquier Estado de derecho, el fin no puede justificar los medios. Abrir la puerta a ataques preventivos sin respaldo jurídico ni consenso internacional significa erosionar las reglas que, con todas sus imperfecciones, han tratado de contener los conflictos entre Estados desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto, además, Washington ha intentado someter a sus aliados a una lógica de bloques: o se está con ellos o se está contra ellos. La presión también ha llegado a España. Estados Unidos ha pedido utilizar las bases de Rota y Morón para facilitar operaciones militares contra Irán. El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con una negativa clara: el territorio español no será utilizado para una acción militar que no cuenta con respaldo del derecho internacional ni con una resolución de la Organización de las Naciones Unidas.
Sánchez, además, no está completamente solo en Europa. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron ha respaldado públicamente la posición española y ha defendido la necesidad de evitar una escalada militar, mientras que en Italia el gobierno de Meloni también ha advertido de los riesgos de una intervención que puede incendiar toda la región. En un escenario internacional cada vez más polarizado, algunas capitales europeas recuerdan que alinearse automáticamente con una operación militar no siempre es la mejor manera de defender la estabilidad global. La historia reciente está llena de precedentes que invitan a la prudencia.
En contraste con la prudencia del Gobierno, los partidos de la derecha española han adoptado posiciones muy distintas. El Partido Popular, históricamente más alineado con la política exterior de Estados Unidos, ha criticado la negativa de Sánchez a permitir el uso de las bases de Morón y Rota, señalando que España no puede permanecer “pasiva” ante la seguridad internacional. Por su parte, Vox ha ido aún más allá, apoyando sin reservas la postura de Washington y defendiendo incluso la posibilidad de una intervención militar como medida legítima para frenar a Irán. Esta división refleja no solo diferencias ideológicas, sino también la tensión entre la defensa de la soberanía nacional y la presión de las alianzas internacionales, un debate que se remonta a las discusiones sobre Irak y que vuelve a ocupar la agenda pública en 2026.
El precedente más reciente lo hemos visto en Venezuela. A comienzos de este mismo año, una operación militar de Estados Unidos terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras ataques contra objetivos en Caracas y otras zonas del país ordenados por la administración de Donald Trump. Maduro fue trasladado a territorio estadounidense para ser juzgado, mientras Washington defendía la operación como una acción necesaria para poner fin a un régimen al que consideraba ilegítimo. Sin embargo, el resultado inmediato fue abrir una profunda crisis institucional en el país y un debate internacional sobre los límites de la intervención externa y la soberanía de los Estados. Hoy Venezuela sigue sumida en una transición incierta, con el poder provisional asumido por Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro. Más allá del juicio político que cada cual tenga sobre el chavismo, el precedente plantea una pregunta inquietante: si las grandes potencias se arrogan el derecho de decidir qué gobiernos deben caer y cuáles deben mantenerse, el sistema internacional deja de regirse por normas y pasa a depender únicamente de la fuerza.
Frente a estos precedentes, la decisión de Pedro Sánchez de no permitir que España se convierta en cómplice de una operación militar contra Irán adquiere toda su dimensión política y ética. No se trata solo de mantener la coherencia con el histórico “No a la guerra”, sino de reafirmar que nuestro país defiende un marco internacional basado en normas y legalidad, donde los conflictos no se resuelven imponiendo la fuerza, sino mediante la diplomacia y el respeto a los derechos soberanos de los Estados. Al mantener España fuera de esta escalada, Sánchez envía un mensaje claro: la defensa de la paz y la estabilidad internacional no es negociable, y el fin no puede justificar los medios, por más convincentes que parezcan desde la perspectiva de la potencia dominante. Irak, Venezuela y hoy Irán muestran que la historia castiga con dureza a quienes deciden actuar sin reglas, y que los pueblos son los que pagan el precio de esos errores.
Veintitrés años después, aquel grito de las plazas españolas vuelve a resonar con la misma urgencia: “No a la guerra”. No es solo un recuerdo histórico ni una consigna de la izquierda, sino un recordatorio de que los conflictos armados se cobran siempre un precio que no se puede ignorar. La memoria de Irak, los tropiezos en Venezuela y la amenaza actual sobre Irán nos enseñan que actuar al margen del derecho internacional no conduce a la estabilidad, sino a la incertidumbre y al sufrimiento de los pueblos.
El mensaje de Pedro Sánchez es claro: la fuerza unilateral no puede ni debe reemplazar la razón ni la justicia internacional. Y por eso, hoy más que nunca, seguimos diciendo: "No a la guerra".