El Tribunal Supremo celebra este lunes dos vistas para decidir si adopta medidas cautelares contra las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la llamada 'Ley de nietos', en un momento en que ese registro ha alcanzado un máximo histórico de 2,7 millones de inscritos.

A las 10.00 horas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo escuchaba a Iustitia Europa y a la Junta Electoral Central (JEC). A las 11.00, examinaba las cautelares pedidas por Vox. Ambos recursos impugnan el acuerdo de la JEC del 16 de julio, en el que el órgano electoral se consideró en gran parte incompetente para frenar o revisar esas inscripciones. Los recurrentes piden suspender o identificar de forma separada las altas derivadas de esta vía mientras se resuelve el fondo.

La norma en cuestión no es una ley independiente, sino la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Permitía optar a la nacionalidad española de origen a hijos y nietos de españoles que la perdieron o renunciaron por el exilio entre 1936 y 1978, y a algunos supuestos conexos, sin exigir residencia en España. El plazo para nuevas solicitudes cerró el 22 de octubre de 2025. Desde entonces solo se tramitan expedientes ya iniciados o citas pedidas a tiempo.

Los datos oficiales sitúan las peticiones en torno a 2,4-2,6 millones. Unas 545.000-558.000 nacionalidades habrían sido aprobadas y algo más de 300.000 personas estarían ya inscritas. Argentina concentra el mayor volumen.

Ese flujo se nota en el censo. Según datos cerrados a 1 de julio, el CERA suma 2,7 millones de electores, con más de 71.000 altas en el primer semestre de 2026 y más de 20.000 solo entre junio y julio. Argentina aportó casi 5.000 inscritos en un mes. Quien obtiene la nacionalidad y se inscribe puede votar en generales, autonómicas y europeas, no en municipales.

La oposición denuncia un efecto electoral de cara a 2027. El Gobierno sostiene que se trata de una reparación histórica aprobada hace cuatro años, con plazo cerrado y expedientes que aún se resuelven a un ritmo limitado por la saturación consular. Un análisis reciente estima que, al final de legislatura, la vía podría incorporar hasta 1,3 millones de personas con derecho a voto efectivo, cifra que depende de cuántos casos se cierren e inscriban.

El Supremo no decide hoy el fondo. Lo que se debate es si hay motivo para parar o acotar las altas mientras dura el procedimiento. La sentencia cautelar, cuando se dicte, marcará el siguiente capítulo de un proceso que ya no admite solicitudes nuevas, pero sigue sumando españoles —y electores— en el extranjero.