El Pleno del Congreso de los Diputados ha derogado este martes el Real Decreto-ley que prorrogaba las principales medidas de protección social para 2026. Con un resultado de 171 votos a favor frente a 178 en contra, la norma ha quedado sin efectos jurídicos, una decisión que deja en el aire la revalorización del 2,7% de las pensiones, así como medidas para la protección de los colectivos más vulnerables.
A diferencia de lo ocurrido con el decreto de transportes, que sí ha mantenido unido al llamado bloque de investidura, en esta votación el Ejecutivo no ha logrado romper el bloque del "no". Junts ha unido sus votos al PP a Vox y a UPN para alcanzar la cifra de 178 'noes' lo que ha tumbado todo el Real Decreto que incluía numerosas cuestiones. A favor del Real Decreto (171) se han situado los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, junto con sus socios habituales: ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria, excepto los independentistas catalanes.
La oposición denuncia un "trampantojo" legislativo
A pesar de que tanto el Partido Popular como Junts per Catalunya se han mostrado a favor de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, ambos partidos han justificado su voto en contra por la forma en que el Ejecutivo ha diseñado el decreto, calificándolo de "mezcla inaceptable".
El vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, Juan Bravo, ya explicó este lunes que para el PP este decreto está "trufado". Según Bravo, el Ejecutivo ha utilizado la subida de las pensiones como un "trampantojo" para colar medidas sobre okupación y vivienda con las que no están de acuerdo. "Dejen de jugar con los okupas y los pensionistas", sentenció el dirigente popular, instando al Gobierno a traer una ley que trate exclusivamente la revalorización automática de las prestaciones de los pensionistas.
Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha denunciado que el PSOE intente "secuestrar" las pensiones vinculándolas a la prórroga de las limitaciones a los desahucios. Nogueras ha subrayado que estas prórrogas, que cumplen ya seis años, perjudican a pequeños propietarios que necesitan el alquiler para completar sus propias pensiones. Como alternativa, Junts ya ha registrado una Proposición de Ley propia para garantizar la subida del 2,7% con efectos retroactivos, pero "limpia" de otras medidas ajenas.
¿Qué va a pasar con las pensiones ahora?
La derogación implica que la base legal para aplicar la subida del 2,7% desaparece de inmediato. No obstante, el escenario más probable es que el Gobierno se vea obligado a rectificar y seguir el camino que le marca la oposición. Por ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se verá obligado a sacar adelante un nuevo decreto específico que separe las pensiones de los temas de vivienda para lograr el apoyo parlamentario.
Efectos retroactivos: Tanto el Gobierno como la oposición (PP y Junts) coinciden en que cualquier solución que se apruebe debe tener efectos desde el 1 de enero de 2026, para que los jubilados no pierdan dinero por este bloqueo parlamentario.
Otras medidas que decaen
Al caer el decreto, también pierden su cobertura legal otras medidas importantes como la suspensión de los desahucios para personas vulnerables, el punto que ha causado la ruptura del bloque de la investidura. Pero también quedan sin efecto las siguientes:
- Bono Social: Cae la garantía que impedía el corte de suministros básicos (agua y luz).
- Fiscalidad: Se anulan las deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y los incentivos fiscales para energías renovables.
- Ayudas DANA: Queda sin vigor el régimen de endeudamiento excepcional para la Comunitat Valenciana.