El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros antes de Navidad la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prohibición de interrumpir los suministros básicos de luz, agua y gas y el mantenimiento de los descuentos del bono social energético.
La nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha detallado que estas medidas se incluyen en el real decreto ley del denominado “escudo social”, que también contempla la revalorización de las pensiones y diversos incentivos y beneficios fiscales dirigidos a pequeños autónomos y a personas y empresas afectadas por la dana y por los incendios forestales del pasado verano.
Saiz se ha mostrado confiada en que el decreto será convalidado por el Congreso de los Diputados, previsiblemente a finales de enero, al recordar que medidas similares ya contaron con el respaldo mayoritario de la Cámara en anteriores prórrogas. “El Gobierno trabaja con ese aval para seguir prorrogando estas medidas y mantener los consensos necesarios”, ha afirmado.
La moratoria de los desahucios de alquiler para familias vulnerables fue aprobada por primera vez en marzo de 2020, en el contexto de la crisis económica derivada de la pandemia, y desde entonces ha beneficiado a alrededor de 60.000 hogares. A lo largo de los últimos seis años, la medida se ha ido ampliando y prorrogando, primero por el impacto de la guerra de Ucrania y posteriormente en el marco de la actual emergencia habitacional, incorporando compensaciones a los propietarios afectados, que se mantienen en el decreto aprobado.
Esta última prórroga, reclamada en las últimas semanas por Podemos, Sumar, ERC y numerosas entidades sociales, ha sido pactada por el Ejecutivo con EH Bildu, junto con la continuidad de la prohibición de los cortes de suministros básicos y del bono social eléctrico.
En un comunicado, organizaciones como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC) han instado a los grupos parlamentarios a actuar con “responsabilidad” en la convalidación del decreto y han pedido al Gobierno que aproveche esta prórroga para diseñar un plan de choque que garantice el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno a todas las familias vulnerables con desahucios pendientes.
En el ámbito energético, el real decreto ley extiende hasta finales de 2026 la garantía de suministro de electricidad, gas natural y agua para los consumidores vulnerables, así como los actuales descuentos del bono social eléctrico, fijados en el 42,5 % para los consumidores vulnerables y en el 57,5 % para los vulnerables severos.
Además, se mantienen los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga -incluida la deducción del 15 % en el IRPF- y las obras de eficiencia energética o rehabilitación de viviendas y edificios, con deducciones del 20%, 40% y hasta el 60%.
El decreto incorpora también una nueva exención en el IRPF para las indemnizaciones por daños personales causados por los incendios forestales del pasado verano, así como la prórroga de las ayudas para la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA, junto a exenciones en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas damnificados.