El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para la digitalización y modernización del sector financiero, una norma que adapta la legislación española al marco regulatorio europeo con el objetivo de impulsar la innovación, reforzar la seguridad del sistema y aumentar la competencia en los servicios financieros. El texto será remitido ahora a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
La nueva legislación completa la aplicación en España del Reglamento europeo sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), refuerza la ciberseguridad del sistema financiero mediante la aplicación del Reglamento DORA y moderniza infraestructuras clave relacionadas con los pagos y los mercados de capitales.
Uno de los principales cambios afecta al mercado de los criptoactivos. Los proveedores de estos servicios pasarán a estar registrados y supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), además de quedar sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales, al igual que el resto de entidades financieras.
La CNMV también asumirá competencias para controlar la publicidad relacionada con los criptoactivos, con capacidad para exigir modificaciones, suspender campañas o incluso prohibirlas cuando incumplan la normativa, con el objetivo de reforzar la protección de los inversores.
En materia de ciberseguridad, la ley incorpora el régimen sancionador previsto por el Reglamento europeo DORA para garantizar la resiliencia operativa digital del sistema financiero. Además, amplía las funciones supervisoras del Banco de España sobre operadores y procesadores de sistemas de pago, incluyendo el control de su relación con proveedores tecnológicos.
La norma también introduce cambios para fomentar una mayor competencia en los sistemas de pago. Las entidades de pago y de dinero electrónico podrán acceder directamente a estas infraestructuras sin necesidad de operar a través de una entidad bancaria, una medida alineada con la normativa europea sobre pagos inmediatos.
Al mismo tiempo, el Gobierno incorpora medidas para proteger infraestructuras estratégicas. En este sentido, cualquier adquisición que implique el control de Iberpay, la plataforma que procesa las transferencias bancarias en España, requerirá autorización administrativa previa, con el fin de preservar la seguridad y la autonomía del sistema nacional de pagos.
Otro de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de España al Punto de Acceso Único Europeo (ESAP), un repositorio común de información financiera y no financiera de las empresas que comenzará a funcionar en 2027 y facilitará a los inversores el acceso a datos estandarizados, favoreciendo la transparencia de los mercados de capitales.
La ley también renueva el denominado Sandbox financiero, el entorno de pruebas para proyectos innovadores. Entre las novedades figura la posibilidad de presentar iniciativas durante todo el año, la reducción de cargas administrativas y la creación de cohortes temáticas para facilitar el desarrollo y la visibilidad de nuevas soluciones tecnológicas.