La polémica en torno al voto exterior ha sumado un nuevo capítulo. La Junta Electoral Central (JEC) ha movido ficha tras las quejas presentadas por el Partido Popular y Vox sobre cómo se está gestionando el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) de los nuevos nacionalizados bajo la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —la conocida popularmente como ‘Ley de Nietos’.
El acuerdo de la JEC, aprobado el 16 de julio de 2026 (expediente 209/361), no tumba la ley ni frena las nacionalizaciones, pero sí mete el bisturí en un punto crítico, técnico y de enorme sensibilidad política: el control sobre el municipio en el que se inscribe a estos nuevos votantes.
El veredicto de la JEC: Más control y menos discrecionalidad
La resolución de la JEC busca poner orden en las reglas del juego, pero marcando muy bien sus propios límites competenciales. El organismo deja claro que no le corresponde juzgar si la concesión de la nacionalidad es correcta o no. Ese debate pertenece al Tribunal Constitucional o a la justicia contencioso-administrativa.
Asimismo, la JEC rechaza suspender cautelarmente el censo electoral exterior (como pedía Vox). El derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero es constitucional y plenamente vigente.
Donde la JEC sí interviene es en el municipio de inscripción, aquello que determina en qué provincia y circunscripción computa cada voto, algo vital para el reparto de escaños. Para evitar sospechas, la Junta exige que los criterios para asignar estos municipios sean objetivos, homogéneos y uniformes en todos los consulados.
Por ello, se han lanzado una serie de exigencias, empezando por pedir a la Oficina del Censo Electoral (OCE) que aclare cómo y quién examina las declaraciones de "mayor arraigo", y qué criterios se aplican cuando la asignación se hace de oficio. La JCE también ordena redactar una guía común y obligatoria para que todos los consulados exijan la misma documentación justificativa.
Por último, insiste en que si un elector es adscrito a un municipio que no fue su última residencia en España, la decisión deberá estar plenamente justificada en el expediente para garantizar la transparencia.
El temor del PP a la "ingeniería electoral"
Para entender la trascendencia del acuerdo, hay que mirar al tablero político. Desde finales de junio de 2026, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, venía denunciando una supuesta "ingeniería electoral" por parte del Gobierno. Según los populares, el proceso carecía de controles y amenazaba con sumar más de dos millones de nuevos electores de forma descontrolada.
Aunque el PP siempre ha apoyado la nacionalización de descendientes de emigrantes, su ofensiva actual se centró en la falta de fiscalización. El temor de la oposición era que la falta de rigor permitiera concentrar de manera artificial miles de votos en provincias clave donde un puñado de papeletas decide un escaño.
¿Por qué el PP celebra que “le han dado la razón”?
Pocas horas después de publicarse el acuerdo, Feijóo se apresuró a reivindicar el pronunciamiento: "La Junta Electoral Central nos ha dado la razón en la Ley de Nietos. Lo irresponsable no es dudar de Sánchez. Lo irresponsable habría sido no hacerlo".
Para el PP, el hecho de que la JEC exija de forma inmediata un protocolo estricto, motivación escrita y mayor transparencia es la prueba de que su denuncia no era una rabieta política, sino una alerta fundada sobre un sistema que funcionaba sin las garantías necesarias.
Si bien el PP ha ganado el relato en el apartado del control procedimental, la JEC no ha validado la tesis de la oposición, ya que no cuestiona la constitucionalidad de la ley ni anula ninguna de las nacionalidades ya concedidas, tampoco frena la maquinaria del CERA; los nuevos ciudadanos españoles seguirán incorporándose al censo exterior; y no entra a valorar el impacto político o numérico del nuevo censo.