La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado este martes a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia considera que Sánchez cooperó de forma necesaria en la creación irregular de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz en 2017, diseñado supuestamente a su medida. Primero ocupó el cargo de coordinador de los Conservatorios de Música de la provincia y posteriormente pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
El tribunal ha absuelto a David Sánchez del delito de tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que solicitaban las acusaciones populares (que pedían hasta seis años de cárcel).
Otras condenas
Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación al considerarle autor de dos delitos de prevaricación, además de otros nueve acusados han recibido la misma pena de nueve años de inhabilitación.
La Fiscalía, que solicitaba la absolución de todos los procesados, argumentaba que no había pruebas suficientes de delito. Sin embargo, el tribunal ha estimado parcialmente las acusaciones y ha acreditado irregularidades en el proceso de contratación.
Contexto del caso
El caso se remonta a 2017, cuando David Sánchez fue contratado en la Diputación de Badajoz sin seguir los procedimientos habituales de selección pública. Las investigaciones apuntaban a un posible “enchufe” favorecido por su relación familiar con el entonces secretario general del PSOE y posteriormente presidente del Gobierno.
El juicio se celebró a finales de mayo y principios de junio de 2026 y quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio. La resolución se ha conocido hoy.
Reacciones
La sentencia ya ha generado fuertes reacciones políticas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de un caso claro de corrupción y abuso de poder, otras voces cercanas al Gobierno lo interpretan como parte de una estrategia de “lawfare” (utilización judicial contra adversarios políticos).
David Sánchez y sus abogados ya han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, si es necesario, ante el Tribunal Supremo.