A las 10:00 horas de este martes comienza en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo la vista oral de la pieza principal del llamado caso Koldo (o caso mascarillas). Es el primer juicio de una de las causas de corrupción más sensibles de la legislatura, que pone en el banquillo a uno de los hombres fuertes del PSOE durante los primeros gobiernos de Pedro Sánchez.
Junto a Ábalos se sientan su antiguo asesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, considerado el presunto comisionista de la trama. Los tres están acusados de, presuntamente, haber formado una organización criminal para obtener beneficios económicos ilícitos a través de contratos públicos adjudicados de forma, al parecer, irregular en plena pandemia de COVID-19.
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos por los delitos de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la trama de las mascarillas durante la pandemia de COVID-19, conocida también como caso Koldo. Asimismo, solicita 19 años y medio de prisión para su exasesor Koldo García y siete años para el empresario Víctor de Aldama, según el escrito de acusación remitido al Tribunal Supremo.
A estas alturas del proceso, cabe recordar cuál fue el punto de partida del ya conocido Caso Koldo. Todo arranca en marzo de 2020, en los peores días de la pandemia. El Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Ábalos, a través de Puertos del Estado y Adif, presuntamente adjudicó de manera urgente dos grandes contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., vinculada a Víctor de Aldama:
- 24,2 millones de euros por 8 millones de mascarillas (Puertos del Estado).
- 12,5 millones de euros por 5 millones de mascarillas (Adif).
La empresa, que en 2019 apenas facturaba, pasó a ingresar más de 53 millones de euros en 2020 solo con estos contratos. Según la investigación, Koldo García actuaba como intermediario: recibía información privilegiada del Ministerio y presionaba para que se favoreciera a Aldama a cambio de comisiones que supuestamente se repartían entre los tres
DE DIPUTADO Y ASESOR, A INGRESAR EN SOTO DEL REAL
No obstante, la trama no salió a la luz hasta años después. En marzo de 2002, el PP de Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en contratos COVID de la Administración central (en respuesta al caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso), y solo prospera la investigación sobre Soluciones de Gestión.
El 21 de febrero de 2024, la Guardia Civil, en la operación Delorme, detiene a Koldo García y a una veintena de personas. Ábalos, entonces diputado en el Congreso, declaró estar “estupefacto”, sin embargo, el PSOE ya empezó a pedir su dimisión. Entre 2025 y 2025, la Audiencia Nacional investiga y la UCO atribuye a Ábalos un “papel principal” en la trama. En octubre de 2024 se pide su imputación formal.
Posteriormente, el 3 de noviembre de 2025, el juez Leopoldo Puente dicta auto de procesamiento contra los tres: Ábalos, Koldo y Aldama, sabiendo que este último ya estaba colaborando con la justicia. El 27 de noviembre de 2025, Ábalos y Koldo ingresan en prisión provisional en Soto del Real por “riesgo extremo de fuga”.
El 28 de enero de 2026 Ábalos renuncia a su acta de diputado y pierde el aforamiento, y el 4 de marzo de 2026 el Supremo rechaza todas las cuestiones previas de las defensas y fija el inicio del juicio para hoy.
CÓMO SE HARÁ EL JUICIO
Se celebrarán 13 jornadas (23 sesiones de mañana y tarde) hasta el 30 de abril. Hoy y los próximos días declaran los primeros 80 testigos y peritos. Los acusados —Ábalos, Koldo y Aldama— reservan su declaración para el tramo final, previsiblemente el 28 de abril.
Entre los testigos destacan altos cargos de Puertos del Estado y Adif, así como la expareja de Ábalos y su hijo. Francina Armengol y Ángel Víctor Torres declararán por escrito.