Radiotelevisión Española (RTVE) ha respondido de forma contundente a la iniciativa del Partido Popular de crear una comisión de investigación en el Senado sobre su gestión. La cadena pública la considera un “intento de tutela” sobre sus profesionales y advierte que podría vulnerar la normativa europea de independencia de los medios. Sin embargo, la polémica llega en un momento en el que RTVE arrastra críticas, incluso desde dentro del propio ente, por un sesgo informativo favorable al Gobierno de Pedro Sánchez.

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, registró este lunes la que será su séptima comisión de investigación de la legislatura. Acusa a RTVE de haberse convertido en “propaganda sanchista” (“TelePedro”), con falta de neutralidad, contrataciones externas opacas y presuntas irregularidades financieras. La formación popular quiere fiscalizar la gestión directiva, financiera, patrimonial e informativa del ente público.

En su comunicado, RTVE invoca el Reglamento Europeo 2024/1083 para defender su independencia editorial y asegura que ya existen órganos de control suficientes (Comisión Mixta y CNMC). Destaca además sus “mejores resultados en 14 años”, pues la 1 ha superado el 12% de cuota de pantalla. Así mismo, aseguran tener un beneficio neto de 55,6 millones de euros, han reducido gastos y tienen un acuerdo con los sindicatos, descartando también las acusaciones del PP sobre expedientes antiguos.

Sin embargo, las quejas sobre parcialidad no son solo del PP. En enero de 2026, el propio Consejo de Informativos de TVE publicó un informe de 144 páginas en el que acusaba a programas como Mañaneros 360 y Malas Lenguas de incurrir de forma “habitual y reiterada” en sesgo favorable al Gobierno y al PSOE. Según ese documento interno, los presentadores y tertulianos favorecían sistemáticamente las tesis del Ejecutivo, relegaban temas incómodos para el bloque gubernamental y rompían los principios de neutralidad exigidos en RTVE.

Aunque la dirección de RTVE contestó defendiendo esos espacios, las críticas no han cesado. Tanto opositores como algunos periodistas llevan años denunciando que informativos y programas de actualidad combinan infoentretenimiento con un tratamiento claramente asimétrico de la misma: dureza con la oposición y suavidad (o directamente omisión) con los escándalos del Gobierno.

La comisión se aprobará previsiblemente en abril gracias a la mayoría popular en el Senado. Sus conclusiones serán previsibles, pero servirán para mantener el foco sobre uno de los puntos más polémicos de la actual legislatura: el control y la orientación política de los medios públicos.