El Gobierno aprobará este viernes 20 de marzo, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, un plan de respuesta integral que promete ser ambicioso y que será adecuado para que España se enfrente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán y la escalada de precios en los mercados energéticos internacionales. Este nuevo plan, que había sido adelantado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, busca ofrecer soluciones rápidas a los sectores más afectados y reforzar la resiliencia del país frente a la volatilidad global.
Fuentes del Ejecutivo deslizan que el paquete combinará medidas coyunturales, de aplicación inmediata, con reformas estructurales que permitan consolidar un sistema energético más estable y sostenible. Entre los sectores prioritarios se encuentran el transporte, la agricultura, la pesca y la industria agroalimentaria, afectados por el encarecimiento de combustibles, fertilizantes y otros insumos esenciales. Lo que no parece que vaya a llegar, al menos de momento, es una reducción del IVA de carburantes y alimentos, como se piden desde varios sectores empresariales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá la importante reunión del viernes, aunque aún no está confirmado ya que no se sabe si podrá regresar a tiempo de la importantísima cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, donde se abordará precisamente la situación en Oriente Medio y la seguridad energética del bloque.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha adelantado que el plan busca prevenir efectos de segunda ronda que puedan aumentar los precios de manera generalizada. Aunque ha descartado, como decimos una rebaja del IVA de los alimentos, aunque deja abierta la posibilidad de que el paquete se amplíe si la situación lo requiere. “Estamos centrados en contener el encarecimiento de la energía y asegurar que los sectores más expuestos reciban apoyo inmediato”, ha indicado ante los medios.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que el plan incluirá medidas antifraude y mecanismos de supervisión para garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a los consumidores finales. Además, ha defendido que la mejor estrategia frente a la crisis energética es acelerar la transición hacia energías limpias y reducir la dependencia de combustibles fósiles, fortaleciendo la autonomía energética de España y de Europa.
El plan contempla también reforzar las interconexiones eléctricas con Francia y Portugal, en línea con los proyectos de “autopistas energéticas” promovidos por la Unión Europea. Estas infraestructuras buscan integrar mejor la península Ibérica al sistema energético europeo y aumentar la resiliencia frente a fluctuaciones internacionales. “Las interconexiones son fundamentales para lograr un mercado interior integrado y más robusto a nivel europeo”, ha afirmado Aagesen, que ha destacado que 2026 será clave para consolidar las conexiones transpirenaicas.
En paralelo, España impulsa el mantenimiento del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), considerado estratégico para orientar inversiones hacia tecnologías limpias y apoyar la descarbonización de la economía. La ministra ha advertido que debilitar este sistema podría comprometer los avances en sostenibilidad y modernización productiva.
Fuentes del Gobierno destacan que la aprobación del plan se produce tras intensos contactos con grupos parlamentarios, agentes sociales y sectores económicos estratégicos. El objetivo es articular una respuesta equilibrada que combine medidas inmediatas, como ayudas energéticas directas, con reformas estructurales que fortalezcan la seguridad energética y promuevan la transición ecológica en el mediano y largo plazo.