Fuenlabrada ha solicitado su adhesión al Código de Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias y que recoge una serie de principios sobre transparencia y ética pública, así como medidas de mejora en la gestión, modernización y calidad de la democracia local.
La edil de Ganar Fuenlabrada, Ruth Pascual, ha indicado que la moción que han propuesto aboga por "una gestión transparente, y creemos que este código podría mejorar la calidad de la misma en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque no es del todo transpartente como debería". Por su parte, el primer teniente de alcalde, Javier Ayala, ha criticado la postura de la edil de Ganar Fuenlabrada, y ha explicado que "no venimos a manifestar quien es el más transparente de todos, sino a adherirnos todos juntos". "Lo que queremos es, que este código de buen gobierno que se basa en unos principios, vaya mñas allá y lo podamos centralizar en Fuenlabrada. Ustedes han querido buscar una bronca política sin razón", concluyó.
La adhesión ha sido aprobada por unanimidad en la mañana de hoy por el Pleno municipal. “El Código contribuirá a la mejora de los modelos de gestión y asegurará a los ciudadanos y ciudadanas un gobierno local como garantía de igualdad y solidaridad, adquiriendo un compromiso con la ética pública y la calidad democrática en el ámbito de gestión más próximo al ciudadano. Se trata, en fin, de profundizar en la configuración democrática y participativa de las corporaciones locales”, indica la moción.
El Código de Buen Gobierno Local fue aprobado en el año 2009 y ha sido actualizado en 2015 debido a los diferentes cambios legislativos que se habían producido en el ámbito local en los últimos años.
El Código recoge una serie de principios sobre transparencia y ética pública
El texto se articula en torno a cinco ejes: estándares de conducta para la mejora de la democracia local, compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y retribuciones, relaciones entre cargos electos y empleados públicos y medidas para la mejora de la democracia participativa.
Además de la determinación de los principios y estándares de actuación, así como la fijación de un marco relacional entre los niveles de gobierno y administración, incide en dos aspectos. Por un lado, en los compromisos en materia de conflictos de intereses y, por otro, en la irrupción en el ámbito de la administración local de las nuevas tecnologías sociales y, en concreto, de las redes sociales digitales.