El grupo parlamentario VOX Madrid ha presentado una proposición no de ley para su debate ante el Pleno de la Asamblea donde exigen a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquellos inmigrantes que hayan entrado a España ilegalmente sean excluidos de recibir acciones y beneficios sociales comprendidos en la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid.
Para la líder de VOX, Rocío Monasterio, "esta es una medida fundamental para evitar el efecto llamada y para evitar que los residentes en Madrid se queden sin las ayudas sociales porque se las llevan otros que acaban de saltar la valla".
Los motivos que expone el grupo parlamentario es que los Estados miembros de la Unión Europea están intensificando sus esfuerzos para establecer una política europea de migración regular, controlada y segura, siempre en atención al derecho humano y comunitario, y aportando ayudas a los inmigrantes ilegales se pondría en peligro esa migración controlada y regulada.
Para toda la nación es capital defender sus fronteras.
VOX respalda esta proposición tras entender que "la Unión europea esta facultada para establecer las condiciones de entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro, también en lo relativo a la reagrupación familiar", pero también apuntan que "los Estados miembros conservan el derecho de fijar volúmenes de admisión para los nacionales de terceros países que entren de forma legal y deseen buscar trabajo en su territorio".
Respecto a la inmigración ilegal reflejan que "la UE está obligada a frenar la inmigración ilegal, sobre todo mediante una política eficaz de retorno, siempre en respeto de los derechos fundamentales de las personas".
Han querido recordar que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en España es del 26% y concretamente 20% en la Comunidad de Madrid, lo que supone que más de 96 millones de personas en territorio comunitario en riesgo de pobreza.
Para concluir el comunicado, VOX ha recalcado "la necesidad de reducir el desempleo, aumentar la renta y calidad de vida de los españoles, además de garantizar la integridad de nuestras fronteras y la seguridad del territorio nacional, evitando los efectos de la inmigración ilegal e incontrolada".