El tupper de Isabel Díaz Ayuso ha hecho historia, o eso parece. Tras las declaraciones de la presidenta aclarando su estancia en la Estación Biológica El Paular, ubicada en Rascafría, una de sus frases está protagonizando los más variados titulares. Eso sí, ni comprar en el supermercado, ni llevarse la comida de casa salvaron a la líder madrileña de las denuncias de la oposición.
La presidenta del Gobierno madrileño denunció el "ataque personal" constante que sufría desde hace seis años, donde "haga lo que haga", todo estaba mal. Incluso ironizó con que le intentarían buscar una trama corrupta aunque se fuera "debajo de un puente". "He estado dos días en una casa de la que ahora vamos a dar explicaciones, me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Coviran con mis medios", señaló la regidora, recordando también que se costea sus propias vacaciones y la casa donde vive, "¿puede el presidente del Gobierno decir lo mismo?".
Carlos Novillo también salió al rescate de la presidenta. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior hizo un recorrido de cómo la región adquirió los inmuebles objeto de crítica, además del uso que el Gobierno regional puede hacer de los mismos.
Así, dentro de todas las instalaciones que contempla El Paular, el objeto de las denuncias fue una casa que "ni mucho menos, responde a esas características que se están vertiendo", y cuyo valor "es muy inferior a esos 4,3 millones de euros", explicó Novillo. Un edificio que se convertirá en sede de trabajo del Consejo de Gobierno, de la Consejería que él dirige y "puede ser utilizado como pernocta de aquellos miembros del Gobierno que puedan, estando en alerta, sobre todo la presidenta, utilizarla de seguridad y de intimidad, valoradas por sus servicios de seguridad".
No obstante, parece que las explicaciones de ambos dirigentes no fueron suficientes. Más Madrid registró una Proposición de Ley en la Asamblea para modificar la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. En palabras de la portavoz, Manuela Bergerot, esta medida pretende "prohibir que la presidenta use el patrimonio público como el suyo propio".