La tensión institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España ha alcanzado un nuevo máximo. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha remitido una carta al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en la que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar a 86 menores migrantes como "moneda de cambio político", además de negarse a reagruparlos con sus familias pese a las advertencias de los propios técnicos de protección de menores.
La misiva, fechada el 17 de marzo de 2026, denuncia la negativa de la Delegación del Gobierno a tramitar la reagrupación de estos menores con sus familias en sus países de origen. Según la consejera, el Gobierno central está recurriendo al concepto de "interés superior del menor" de forma arbitraria para justificar lo que ella califica como una "incompetencia y dejación de funciones".
Una situación de "extrema gravedad" técnica
Así mismo, Dávila sostiene que la decisión de retorno no es política, sino técnica. La líder de Asuntos Sociales subraya que la selección de estos 86 casos fue realizada por la Comisión de Protección de Menores tras detectar circunstancias de especial gravedad, además de unos informes demoledores por parte de los técnicos de protección, donde se advierte que la permanencia de estos jóvenes en España los aboca a un futuro de "marginalidad y graves riesgos".
En palabras de la propia consejera, la situación actual de estos menores, marcada por "su conflictividad" en España, "sus alteraciones de conducta, la deriva delictiva en la que se encuentran o el consumo de drogas", representa un riesgo tanto para ellos mismos como para "la seguridad de sus compañeros, de los profesionales que les atienden y del conjunto de los ciudadanos".
El tono de la carta sube de intensidad al analizar la gestión humana de estos traslados. Dávila afirma con dureza que un Gobierno que realmente se preocupara por la infancia "no los llevaría utilizando más de dos años como moneda de cambio político ni los hubiera tratado como si fueran simples paquetes".
La consejera va más allá y señala que el Ejecutivo central no actúa bajo criterios de protección, sino "por el interés superior de Sánchez y por cálculos políticos que nada tienen que ver con la protección efectiva". Según Dávila, esta inacción "abandona a estos menores a su suerte" y demuestra una incapacidad para cumplir con las obligaciones legales de extranjería que exigen priorizar el entorno familiar de origen.
Ultimátum y medidas legales
La carta finaliza con una advertencia. La Comunidad de Madrid responsabiliza legalmente a Francisco Martín, a los ministros competentes y al presidente del Gobierno de cualquier consecuencia derivada de esta parálisis.
"Le aseguro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no permanecerá inmóvil", sentencia Dávila, avisando de que se adoptarán "todas las medidas necesarias" para exigir las responsabilidades correspondientes si la Delegación del Gobierno persiste en su negativa de tramitar los expedientes de reagrupación.